Ciudad de México, 30 de julio de 2025.- En Estados Unidos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) están deteniendo con tanta brutalidad y salvajismo a todo aquel que parezca indocumentado, basados principalmente en el color de piel y apariencia, porque cada detención representa alcanzar un bono, un premio económico. Cada arresto puede traducirse en bonificaciones, pagos mensuales adicionales, ascensos y distinciones internas que configuran lo que expertos llaman un sistema de incentivos coercitivos. La captura dejó de ser consecuencia legal y pasó a ser lo que internamente denominan un KPI, un indicador clave de rendimiento.
En un margen extremadamente cerrado, el 3 de julio el Congreso, bajo control conservador, aprobó apresuradamente el paquete fiscal y el 4 de julio fue firmado por el presidente de EU, Donald Trump. Este enorme paquete legislativo, revisado por EL UNIVERSAL, canalizó sumas sin precedente hacia la máquina de deportación.
Se destinaron 170 mil millones de dólares exclusivamente a seguridad fronteriza y control migratorio, un presupuesto mayor al de muchas agencias combinadas. Sólo ICE recibió 75 mil millones adicionales, convirtiéndola en la agencia de aplicación de la ley mejor financiada de todo el gobierno federal.
Autorizó, entre otras partidas, 45 mil millones de dólares para duplicar la red de centros de detención (incluso habilitando bases militares y prisiones privadas para encerrar a más de 100 mil personas simultáneamente), y 30 mil millones de dólares para operaciones de arresto y deportación. Este último monto incluyó fondos explícitos para contratar 10 mil nuevos agentes, modernizar la flota de aviones de deportación y “retener al personal actual mediante bonificaciones y atraer a agentes retirados”.
La CBP obtuvo 46 mil millones de dólares para continuar la construcción del muro y otras barreras, más 12 mil millones de dólares para vehículos, instalaciones, entrenamiento, contratación y bonos para agentes de la Patrulla Fronteriza. La legislación pasó prácticamente sin apoyo de la oposición, fue aprobada por estrecho margen y vía reconciliación presupuestaria, es decir, esquivando el filibusterismo del Senado, lo que subraya su carácter ideológico y polarizante.
En palabras de Todd Lyons, director interino de ICE, este financiamiento “permitirá a mis agentes seguir haciendo a Estados Unidos seguro de nuevo, identificando, arrestando y expulsando a extranjeros criminales”. Bajo la consigna de “restaurar la ley y el orden”, la maquinaria está en marcha.
Lo que este diseño corporativo revela es que el sistema migratorio está siendo reconfigurado como una estructura de producción, donde el arresto no representa la búsqueda de justicia y seguridad nacional con una garantía jurídica; lo que hoy representa y cada agente busca es un incremento en su ingreso mensual o anual.
Según filtraciones internas confirmadas a este diario por sindicatos policiales en Texas y Florida, agentes migratorios reciben bonos mensuales que van desde mil 500 dólares (28 mil 100 pesos) hasta 5 mil (93 mil 683 pesos), por volumen de detenciones. En zonas de alta prioridad como Arizona, California y el sur de Florida, los pagos pueden superar los 7 mil 500 dólares (140 mil 525 pesos) si el agente participa en redadas nocturnas u operativos sensibles.
Estas cifras se suman al sueldo base de los agentes federales de estas dependencias, que ya es significativamente elevado. De acuerdo con la información revisada y confirmada, los agentes de ICE-HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional) y CBP comienzan con salarios mensuales promedio entre 8 mil y 12 mil dólares (entre 150 mil y 225 mil pesos); agentes con antigüedad y desempeño operativo alcanzan remuneraciones mensuales de hasta 19 mil 500 dólares (365 mil 500 pesos); esto, sumando bonos individuales, regionales, discrecionales y de operativos especiales. A escala anual, un agente que mantenga productividad alta puede recibir entre 132 mil y 234 mil dólares (entre 2 millones 473 mil y 4 millones 384 mil pesos), colocándose muy por encima del promedio salarial de policías estatales que ronda los 50 mil dólares (936 mil pesos) anuales.
Con información de: El Universal
