Ciudad de México, 11 de julio de 2025.- La Presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente una iniciativa de reforma constitucional que busca facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión, delito considerado de alto impacto.
La propuesta llega en sintonía con la Estrategia Nacional contra la Extorsión anunciada esta semana por el Gabinete de Seguridad, la cual busca dotar al Estado de una herramienta jurídica integral y homogénea para prevenir, investigar y sancionar este delito con mayor eficacia.
De acuerdo con el Ejecutivo federal, el objetivo es establecer un marco normativo homogéneo que permita prevenir, investigar, perseguir de oficio y sancionar de manera efectiva este delito en los tres órdenes de Gobierno.
- El Dato: Las tres primeras personas detenidas por extorsión cayeron el martes en el municipio de Apatzingán, Michoacán, en respuesta a la estrategia nacional contra ese ilícito.
La modificación es al inciso “a” de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, en el que dota al Congreso de la Unión para legislar leyes “que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral”.
En la exposición de motivos, el Gobierno federal reconoce que la extorsión es un fenómeno criminal que se ha expandido y diversificado en sus formas de comisión, y convirtiéndose “en una herramienta de control económico y social por parte de la delincuencia organizada, que no sólo amenaza a particulares, sino también a instituciones públicas, utilizando este delito como vía para financiar otras actividades delictivas”.
“Combatir la extorsión mediante una estrategia articulada, con una legislación adecuada, no es sólo un imperativo legal, sino también un deber ético del Estado mexicano”, sostiene la iniciativa.
Actualmente, el delito de extorsión está regulado tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales locales, con distintas definiciones, modalidades, agravantes y penalidades.
Por ello, se plantea una legislación general que homologue el tipo penal y sus sanciones, establezca mecanismos de colaboración interinstitucional, y articule las capacidades del Estado para hacer frente a este fenómeno delictivo.
Entre los elementos que incluiría dicha legislación se encuentran la definición clara y amplia del delito de extorsión y sus distintas modalidades, coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales y el uso de inteligencia, tecnología e informática en la investigación.
También incluirá programas de formación especializada para cuerpos de seguridad y procuración de justicia, canales seguros y eficaces de denuncia, medidas de protección integral para víctimas, ofendidos y testigos, y estrategias de prevención desde los centros penitenciarios, para evitar que estos delitos se orquesten desde el interior de éstos.
En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, indicó que esta iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados la próxima semana a través de la Comisión Permanente.
Indicó que girará instrucciones para que sea atendida de manera inmediata en la Comisión de Puntos Constitucionales y su análisis sea durante el mes de julio y agosto para que sea discutida en septiembre, cuando inicie el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXVI legislatura.
Con información de: La Razón
