Ciudad de México, 27 de mayo del 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que como parte del proceso iniciado ante una corte de Miami Dade, Florida, en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y cómplices, va a retirar su demanda de manera voluntaria en lo que llega a un acuerdo con las partes involucradas.
“Cabe señalar que el retiro voluntario de la acción no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas» pues, en su caso, se solicitó el retiro de la demanda luego al fallo condenatorio en el que se les dictó pagar más de 2 mil 500 millones de dólares, explicó la UIF en un comunicado.
El jueves pasado, un tribunal de Miami, Florida, sentenció a Genaro García Luna y a su esposa Linda Cristina Pereyra, a pagar al gobierno mexicano 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, el triple del dinero público que el exsecretario de Seguridad Pública, también sentenciado por narcotráfico, desvió en contratos ilícitos a empresas de su propiedad o vinculadas con él, cuando fue funcionario de Felipe Calderón y posteriormente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando ya no tenía un cargo.
En septiembre de 2021 el gobierno mexicano inició un proceso contra García Luna y cómplices —destacan Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pint— por haber tejido una red de corrupción para desviar dinero público mediante contratos ilegales que beneficiaron a las empresas de la mano derecha de Felipe Calderón.
La jueza Lisa Walsh dictó sentencia contra el excretario de seguridad pública y su esposa, pero se abrió un periodo para llegar a un acuerdo conjunto con los socios de García Luna, como los Weinberg.
De manera formal, el periodo para llegar a un acuerdo entre la UIF y los Weinberg era del 28 de abril al 23 de mayo. Esta fecha ya pasó, pero a fin de llegar a un acuerdo, ambas partes decidieron retirar de manera voluntaria la demanda sin perjuicio (voluntary dismissal without prejudice).
Esta figura permite que el gobierno mexicano y los socios de García Luna lleguen a un acuerdo, pero la jueza mantendrá jurisdicción para dictar una sentencia derivada de un acuerdo con los implicados.
No obstante, de no concretarse el acuerdo dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta la sentencia.
Y, «de no perfeccionarse el acuerdo, se mantiene abierta la posibilidad de volver a presentar la demanda, ya que no se habrá resuelto el fondo del actual procedimiento”, añadió.
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