Ciudad de México, 23 de mayo del 2025.- La sentencia contra Genaro García Luna -quien fuera mano derecha de Felipe Calderón- y su esposa Linda Cristina Pereyra deja claro “un esquema de defraudación millonaria durante dos sexenios sucesivos (el de Calderón y de Enrique Peña Nieto)” y que dio continuación al Estado corrupto que viene de los años 50”, aseguró Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Dijo que es muy relevante “conocer la historia de una trama corrupta, como muchas otras que hubo en nuestro país y que quedaron ocultas”. Denunció que parte del dinero se usó en campañas políticas, además de que 15 empresas son investigadas por su participación, en primero o segundo nivel, en el esquema de lavado de dinero utilizado.
Gómez planteó que “no debemos desaprovechar esta enorme oportunidad para poder escarbar en la forma de operar de los delincuentes de cuello blanco en una operación transnacional en que gobernaron dos partidos políticos que finalmente se aliaron política y electoralmente”. Se podrá ver que se vivió un “Estado corrupto”, afirmó.
En la mañanera del pueblo, denunció que mientras la jueza de Florida sentenció que García Luna y su esposa deben pagar al gobierno mexicano 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, un tribunal en México “resolvió otorgarle a Linda Cristina Pereyra el amparo y la protección de la justicia para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente”.
Pero esto “lo vamos a resolver pronto”, manifestó.
Con los procesos contra García Luna y su esposa “vamos a poder dar detalles de cómo se robaban el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad los fuera a reprimir o a hacer justicia”.
Pablo Gómez indicó que “nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro, cuando en realidad las cosas no cambiaban. La transición no ocurrió, sino la continuación del mismo estado corrupto que viene de los años 50 y que se creó como parte del sistema político mexicano. Esa es la verdad. El cambio vino en 2018”. Por eso, afirmó, “estamos aquí hablando de este tema, de lo contrario nunca se hubiera escarbado nada ni se hubiera sabido nada porque todo era hecho a la perfección”.
Este asunto, añadió, “no terminará aquí. Próximamente vendrá otra sentencia de la misma juez, Lisa Walsh, contra las empresas que se encargaron de las operaciones para llevar el dinero a un banco de Barbados, donde hay “bancos lavadores de dinero”, sostuvo. Utilizaron un esquema de operaciones ilícitas donde participaron, además, bancos en México.
No descartó que haya algún arreglo con las empresas que se usaron solo para estas operaciones -por lo cual ya no existen-, o a través de convocar al jurado para que dé un veredicto y la juez emita una sentencia.
“Nosotros tenemos 15 empresas que participaron de primero o segundo nivel en este esquema de lavado. Estamos hablando, para estas empresas, de cien millones de dólares”.
Señaló que en México también hay proceso penal contra los inculpados. “Parte de ese dinero fue a dar a campañas políticas y lo vamos a demostrar. Hay gente en la cárcel, hay muchas órdenes de aprehensión”. Dijo que el fiscal general de la República “ha puesto todo su empeño” en este caso.
Tanto Gómez como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconocieron a Rosa Icela Rodríguez (actual secretaria de Gobernación), como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para el proceso contra García Luna y su esposa.
“Honor a quien honor merece, porque ésta es una denuncia que se puso en el periodo del presidente López Obrador y que desarrolló Rosa Icela Rodríguez”, dijo.
Pablo Gómez resaltó que la jueza Lisa Walsh, en Florida, sentenció “a dos personas que tuvieron una enorme relevancia en una trama corrupta durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto”.
Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereyra fueron sentenciados a pagarle al gobierno México 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, tres veces más por lo que fueron demandados, en procesos por separado.
La demanda civil se interpuso en 2021 ante un juzgado de Florida -en contra del matrimonio, seis cómplices y 44 firmas de distintos países por los 30 contratos de tecnología y seguridad en el periodo 2009- 2018 con la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
García Luna, a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y por 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos.
Gómez abundó que al gobierno federal se le han entregado aproximadamente 2 millones y medio en bienes, de los cuales aún falta por vender uno, “pero ya está entregado”.
Dijo que a García Luna se le demandó por 250 millones de dólares aproximadamente, conforme a la información obtenida por Rosa Icela Rodríguez, la cual “luego mejoró y abrió completamente todo; ayudó y dio un aporte invaluable para el esclarecimiento de las operaciones que se hicieron dentro de la trama corrupta de García Luna”.
A Linda Cristina Pereyra se le demandó por 580 millones de dólares, “que son los que en ese momento conocíamos que en su totalidad habían sido pagado”.
Pero la sentencia de ayer “se refiere a tres veces los 250 millones de dólares que fueron demandados a García Luna y los mil 740 millones de dólares que se le impusieron a Linda Cristina Pereira”.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
