Ciudad de México, 23 de mayo de 2025.- En el quinto y último conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, senadoras, senadores y representantes de estos sectores analizaron temas relativos a los derechos de las audiencias, programación, publicidad y mecanismos de protección.
Armando Ayala Robles, de Morena, consideró que los medios tradicionales han enfrentado grandes retos en los últimos 10 años, principalmente por las redes sociales que juegan un papel importante como difusores de información, por lo que coincidió en regular, en todos los sentidos, a las plataformas digitales, al considerar que podrían no respetar los derechos de las audiencias al no estar sujetas a una legislación específica.
En representación del PAN, Agustín Dorantes Lámbarri aplaudió que se haya detenido el proceso legislativo de la nueva ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para escuchar las propuestas de los expertos y representantes del sector; pidió que en verdad se tomen en cuenta los planteamientos de los conversatorios para contar con una norma que realmente garantice el derecho a la información, la libertad de expresión, y se disminuya la brecha digital.
Por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota urgió a definir los mecanismos de defensa de los usuarios en la norma, pues la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, opinó, será “juez y parte” y podrá decidir qué es verdad, mientras que debido a su diseño jurídico de “poder absoluto”, podrá determinar a quién sanciona y a quién no, y a quién le quita o le permite una concesión.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, reconoció la participación de las y los expertos del sector invitados a los conversatorios y pidió que sus propuestas se vean reflejadas en la nueva ley; “estamos en condiciones de poder hacer todos estos cambios y ese sería el verdadero éxito de estos ejercicios”, agregó.
La directora de Radio Tosepan Limakxtum, Nicacia Lino de Jesús, consideró que es necesario establecer en el artículo 10 del proyecto, el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a participar de forma integral en el ciclo de creación de contenidos, desde la producción hasta el archivo, y que se reconozca su derecho a una infraestructura pública digital para ello, “porque para estas comunidades no sólo es un medio técnico o de entretenimiento, es una herramienta fundamental para la vida”.
Por su parte, Rodolfo López Espinoza, presidente de la Federación Mexicana de Sordos, y quien se expresó a través de un intérprete, subrayó que es necesario robustecer en el dictamen la defensa a la lengua de señas, el subtitulaje y la incorporación del recuadro con intérprete. Además de crear un órgano que revise y sancione a los intérpretes que hagan un mal trabajo y vigile que este se apegue a la lengua de señas mexicana y a la ética que rige a los intérpretes.
Irene Levy, presidenta de Observatel señaló que el caso denominado como “Televisa Leaks” pone sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer los derechos de las audiencias, entendidos como la capacidad de exigir contenidos informativos éticos, diversos y transparentes, que deben de ir de la mano de la libertad de expresión, sin que ello implique censura, porque dicho caso deja en claro la manipulación informativa para favorecer a ciertos actores políticos.
En tanto, Gabriela Ortiz Portilla, Defensora de Audiencias del Canal del Congreso, propuso incluir en el documento el fortalecimiento de la figura de la defensoría de audiencia; utilizar las plataformas digitales como herramientas de acceso a la información y ejercicio de los derechos; incluir un artículo en el que se establezca el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva; así como reforzar la accesibilidad en los medios para personas con discapacidad.
De la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), Enrique Pavón Baños aseguró que el proyecto contiene nuevos beneficios y medidas para fortalecer la defensa de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, como el reconocer a la Procuraduría Federal del Consumidor como la instancia especializada para brindar certeza a las personas y reducir los plazos de resolución de las quejas.
Al hacer uso de la palabra, Gerardo Soria Gutiérrez, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones expresó que los derechos de las audiencias que contiene el dictamen “son censura simulada”, porque el único que decide si se discrimina, si se fomenta o no la educación o la unidad nacional es la ATDT, por ello es necesario analizar uno por uno los derechos que se establecen.
El fundador y director general de Purpose Partners, Christopher Casarrubias García Herrera precisó que la iniciativa en su artículo Décimo Séptimo Transitorio establece una suspensión de 60 días hábiles para todos los trámites que realice el regulador, una vez que el decreto haya entrado en vigor, por lo que para el caso de la homologación con los concesionarios esta disposición afectará a los usuarios para acceder a nuevos equipos, limita la oferta e impacta los ciclos de comercialización.
Con información de: Cámara de Senadores
