Ciudad de México 24 de mayo de 2025.- A 27 años de la masacre de Acteal, integrantes de la organización Las Abejas de Acteal, incluidos hijos e hijas de sobrevivientes, denunciaron una nueva ola de violencia e impunidad en Chiapas, así como amenazas directas contra una mujer que logró sobrevivir al ataque del 22 de diciembre de 1997. La organización responsabilizó al Estado mexicano por esta agresión y reiteró su exigencia de justicia.
Mediante dos comunicados emitidos desde la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Las Abejas señalaron que un paramilitar confeso, liberado en 2010 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amenazó de muerte a una sobreviviente. Esta situación, acusan, es resultado directo de la impunidad persistente en torno al caso.
Los firmantes, entre ellos niñas, niños y jóvenes descendientes de las víctimas, enfatizaron que, pese al paso del tiempo, “seguimos cargando el dolor de la ausencia” de sus abuelos y abuelas, asesinados mientras oraban y ayunaban por la paz. “Somos fruto de una extinción fallida del Estado mexicano”, escribieron en una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que solicitaron emitir de inmediato el informe de fondo del caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros, pendiente desde hace más de una década.
En su posicionamiento, Las Abejas recordaron que la masacre fue perpetrada por paramilitares con armas de uso exclusivo del Ejército mexicano, y que la impunidad se ha agravado al punto de que, actualmente, quienes fueron señalados como responsables caminan libremente y amenazan a las víctimas sin consecuencias.
El comunicado también expresó rechazo por la reciente visita de Ernesto Zedillo Ponce de León a México, a quien señalan como responsable político de la violencia contrainsurgente durante su sexenio, que incluyó otros hechos como las matanzas de Aguas Blancas, El Charco y El Bosque, enmarcadas en el Plan de Campaña Chiapas 94.
La situación actual en Chenalhó y comunidades vecinas es, según denuncian, aún más peligrosa que en 1997. La presencia de grupos armados y sicarios se ha vuelto común, incluso en espacios públicos como canchas deportivas, que se han convertido en “refugio de criminales”. También advierten que familias desplazadas permanecen en condiciones precarias, sin seguridad ni acceso a alimentos, y que la educación en algunas comunidades se ha suspendido desde 2023 por amenazas y enfrentamientos armados.
Con información de: Crónica
