Ciudad de México, 23 de mayo de 2025. Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente los trabajos de barrenado para estudios de subsuelo y la construcción de brechas de caminos en el ejido Corcovada, de San Luis Potosí, realizados por las empresas vinculadas a Grupo Salinas, ante la remoción de la vegetación forestal sobre los terrenos de uso común, informaron por separado integrantes del grupo de defensa la comunidad y esa dependencia.
Francisco Gutiérrez Aguilar, miembro del grupo de defensa, explicó en entrevista con La Jornada que el pasado día 14 un integrante del ejido presentó una denuncia ante la Profepa por la remoción de vegetación, que incluía nopales, mezquite, maguey, huizache, coyonoxtle y garabatillo, entre otras especies, debido a las obras realizadas por los corporativos Cemat Constructions, Servicio Drilling e Inkazteca Drilling, que buscan privatizar 426 hectáreas para crear una mina.
La procuraduría confirmó en un comunicado que realizó la inspección los pasados días 19 y 20, en la que detectó la apertura de tres brechas de 3 mil 100 metros, 684 metros y 83 metros, respectivamente. Al recorrer estos puntos observó ocho áreas en las que se removió la cubierta vegetal, con una afectación total de 13 mil 961 metros cuadrados. Por estos actos colocó dos sellos de clausura, apuntó.
Agregó que al solicitarle al inspeccionado la autorización en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo, no presentó la documentación correspondiente, y manifestó que las actividades fueron autorizadas por el comisariado ejidal anterior y las hizo en enero de 2024 una empresa privada.
Gutiérrez detalló que Servicio Drilling pidieron a finales de 2023 la asamblea ejidal, sin presentar ninguna solicitud oficial, la perforación de 42 barrenos para examinar el subsuelo y determinar si había minerales de valor en los terrenos, con la promesa de mostrarles los resultados de los estudios, pero nunca lo hicieron.
Resaltó que Inkazteca Drilling también les notificó que solicitaría el permiso de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero tampoco lo presentó.
Acusó que Cemat Construction insiste en comprar los terrenos comunes, bajo el amparo del actual comisario ejidal, y señaló que los trabajadores de las tres empresas son los mismos. Recordó que la Procuraduría Agraria intervino el pasado domingo para evitar en una asamblea general la venta, aunque aseguró que los representantes buscan otras alternativas, como la renta, para montar la mina.
La Profepa indicó en su comunicado que sustanciará el procedimiento iniciado a fin de emitir la resolución sancionatoria en la que se impongan las sanciones correspondientes. Gutiérrez agregó que se citarían a los actuales y anteriores autoridades ejidales para esclarecer responsabilidades.
La procuraduría aclaró que la Semarnat informó que el proyecto que se pretende desarrollar en el ejido Corcovada fue ingresado a evaluación en materia de impacto ambiental, en su Oficina de Representación de San Luis Potosí en septiembre de 2024, con el nombre de Banco de materiales Castillos.
En estos momentos, resaltó, el trámite se encuentra suspendido debido a que se detectaron varias inconsistencias en la documentación presentada.
Con información de: La Jornada
