Cámara de Diputados aprueba reforzamiento penal contra delitos ambientales; oposición advierte insuficiencia presupuestal
- El dictamen eleva penas, amplía tipos penales y reconoce responsabilidad empresarial; legisladores demandan fortalecer instituciones ambientales
Ciudad de México, 25 de noviembre del 2025.- En una sesión marcada por el consenso, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que reforma diversas leyes con el propósito de endurecer las sanciones dirigidas a quienes cometan delitos contra el medio ambiente. Pese al respaldo generalizado, legisladores de oposición insistieron en que los cambios legales deberán acompañarse de incrementos presupuestales que permitan a las instituciones ambientales cumplir efectivamente sus funciones.
El pleno avaló dos reservas relevantes: la primera incorpora agravantes para delitos relacionados con la ocupación, invasión o modificación ilegal del uso de suelo en terrenos forestales, especialmente en Áreas Naturales Protegidas (ANP). La segunda, propuesta por el PVEM, eleva las penas para quienes provoquen la muerte de ejemplares de fauna en peligro de extinción o bajo protección especial.
Con 460 votos a favor, la reforma fue remitida al Senado para continuar con el proceso legislativo.
Reformas orientadas a enfrentar la crisis ambiental
Al presentar la iniciativa, el diputado Julio César Moreno (Morena) explicó que el dictamen responde a la “crisis ambiental” que atraviesa el país, derivada de prácticas como incendios provocados para alterar el uso del suelo, la descarga clandestina de sustancias tóxicas y el avance del tráfico de especies protegidas.
Precisó que el Código Penal Federal incrementará sanciones que actualmente van de uno a nueve años de prisión, elevándolas a un rango de dos a diez años. Para delitos forestales cometidos en ANP, las penas podrán llegar a 20 años y multas de hasta 10 mil días. Los delitos cometidos mediante violencia o uso de armas también tendrán castigos más severos, con penas de ocho a quince años.
El dictamen incluye además sanciones específicas para el tráfico de totoaba, con multas que pueden alcanzar los 12 mil días y penas de cinco a quince años de prisión, en cumplimiento de compromisos internacionales de protección de especies en riesgo, como la vaquita marina.
Nuevas figuras delictivas y responsabilidad penal empresarial
La reforma incorpora nuevos tipos penales, entre ellos descargas ilegales en mantos acuíferos y daños graves a ecosistemas estratégicos, como manglares, humedales, pantanos y arrecifes. También añade agravantes en casos de incendios provocados con fines económicos o cuando se financie o se encubra el tráfico de especies silvestres.
Por primera vez, se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo cual representa un paso hacia la homologación del marco penal mexicano con estándares internacionales en materia ambiental. Asimismo, se endurece la penalización por quebrantamiento de sellos de suspensión de actividades, que ahora implicará entre seis meses y dos años de prisión.
Agravantes adicionales: fauna protegida y simulación de información ambiental
Las reservas aprobadas añaden sanciones más estrictas por la muerte de fauna protegida en ANP, así como penas de hasta 15 años por ocupación o cambio de uso de suelo en zonas forestales protegidas, que pueden elevarse hasta 20 años si se emplean armas de fuego o si existe ánimo de lucro.
También se establecen sanciones para quienes falsifiquen información o induzcan al engaño a consumidores, inversionistas o autoridades con el propósito de obtener certificaciones o beneficios relacionados con el desempeño ambiental.
Oposición advierte que sin presupuesto no habrá resultados
Aunque la votación fue unánime, diputadas del PAN y MC señalaron que el impacto real de la reforma dependerá de que se destinen recursos suficientes a instituciones como la Profepa, Conafor y Conamp.
La panista Diana Estefanía Gutiérrez afirmó que el endurecimiento de penas “no basta si las instituciones responsables siguen sin personal ni herramientas”. Señaló que la reducción presupuestal ha debilitado la capacidad del Estado para supervisar y sancionar delitos ambientales.
En la misma línea, la diputada Teresa Ginez alertó que sin fortalecimiento institucional la reforma corre el riesgo de quedar “en letra muerta”. Desde Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes de la Torre subrayó que el país enfrenta una “crisis ambiental histórica” y que la reforma “solo incrementa sanciones, pero no aborda la falta estructural de recursos para frenar la destrucción ambiental”.