Presidencia

Sheinbaum envía paquete de reformas para reforzar la protección del Estado a mujeres, niñas y adolescentes

  • La iniciativa propone ajustes a 17 leyes en materia de justicia, desarrollo social, trabajo, educación y vivienda, con enfoque de género y combate a la violencia

Ciudad de México, 25 de noviembre del 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que propone reformas a 17 leyes con el objetivo de fortalecer la protección del Estado hacia mujeres, niñas y adolescentes. Las modificaciones abarcan áreas como desarrollo económico, salud, educación, justicia y derechos laborales, con el propósito de prevenir la violencia, la discriminación y el acoso en distintos entornos.

En el documento remitido a comisiones, la mandataria subraya que la violencia de género se sustenta en desigualdades estructurales, brechas de acceso al mismo trato y oportunidades, así como en la persistente feminización de la pobreza. Por ello, afirmó que es indispensable que el Estado asuma “deberes reforzados” en ámbitos civiles, familiares, educativos, laborales, de salud y vivienda.

Violencia de género: un fenómeno estructural

En su exposición de motivos, Sheinbaum enfatiza que la violencia contra las mujeres “no es un hecho aislado ni individual, sino un fenómeno sistémico y estructural”, arraigado en relaciones desiguales de poder y en estereotipos que perpetúan la subordinación femenina. Recordó que su gobierno ya presentó previamente un conjunto de reformas constitucionales y legales para erradicar estas violencias, y que ahora se busca robustecer las medidas de protección integral.

Nuevas atribuciones de Gobernación y ajustes en materia de justicia

Entre los cambios propuestos, se prevé otorgar a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad de diseñar mecanismos de alerta temprana ante situaciones de violencia, así como coordinar el seguimiento de casos de tortura sexual.

En el ámbito judicial, la iniciativa plantea incorporar al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares la obligación de que las autoridades garanticen la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, actuando siempre con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos. Asimismo, se busca que, además de casos de alimentos, violencia familiar y sexual, los tribunales admitan procesos por violencia vicaria.

Desarrollo social y combate a la desigualdad económica

La propuesta incluye modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social para que los gobiernos promuevan condiciones que eliminen brechas de desigualdad y fomenten un desarrollo económico con mejores niveles de ingreso y una distribución más equitativa. También subraya la necesidad de combatir la desigualdad salarial con especial atención a las mujeres.

Entornos laborales y educativos libres de acoso

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Ejecutivo plantea que los estados y la Ciudad de México tengan la obligación de difundir que el hostigamiento y el acoso sexual constituyen expresiones de violencia, delitos y causales de rescisión laboral. Paralelamente, los cambios propuestos a la Ley Federal del Trabajo obligarían a empresas, patrones y trabajadores a garantizar espacios libres de discriminación y violencia hacia las mujeres.

Como parte de las responsabilidades del Estado, se contempla la instalación de unidades de atención para víctimas de violencia de género, destinadas a mujeres, adolescentes y niñas.

Vivienda con perspectiva de género

En el ámbito de vivienda, la presidenta propone que todos los programas, apoyos e instrumentos se diseñen y ejecuten con enfoque de género. Las políticas deberán priorizar a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente jefas de familia y víctimas de violencia de género, con el fin de asegurar su acceso a condiciones de vida dignas y seguras.

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