Ciudad de México, 12 de septiembre del 2025.- El gobierno federal busca redoblar su combate a las factureras con una suerte de muerte fiscal a individuos. Como parte de las modificaciones que propone, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda negar la inscripción al Registro Federal de Contribuyente (RFC) a empresas que tengan entre sus socios, accionistas o integrantes a personas previamente vinculadas con la emisión de comprobantes fiscales que respaldan operaciones inexistentes.
El objetivo es ya no ir contra empresas fantasmas sino contra los individuos detrás de ellas, dado que se han identificado “sofisticados esquemas de creación y uso de personas morales que conforman redes de venta, comercialización y uso de facturas que amparan operaciones simuladas”, revela la iniciativa que pretende modificar el Código Fiscal de la Federación (CFF)
Atacar el origen
El documento explica que desde la administración pasada se buscó contener la proliferación de factureras –empresas que emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes–, incluso con la prisión preventiva oficiosa como una suerte de inhibidor. No obstante, “los comportamientos y esquemas se han vuelto más complejos y han creado planeaciones para seguir evadiendo o disminuyendo el pago de los impuestos”, reconoce.
“Dichas conductas, en ocasiones son detectadas en un nivel muy avanzado del daño que han generado al fisco federal y de la contaminación que pueden alentar en otros contribuyentes, lo que genera el aliciente principal para proponer atacar la génesis de la problemática”, se lee en la iniciativa enviada como parte del Paquete Económico.
Esa “génesis” a la que se refiere la iniciativa son las personas físicas (individuos) que participan en empresas que emiten facturas por operaciones inexistentes. De ahí que las autoridades fiscales buscan tomar la tarea en sus manos y no dejar la contención de las factureras en manos del Poder Judicial, sino adoptar un enfoque preventivo.
De ahí que el punto ya no está en bloquear factureras, sino en evitar su creación cuando los modelos de riesgo del SAT indican que se podría estar frente a una, expone la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Se ha identificado que las personas morales cuyos integrantes se encuentran en incumplimiento, dejan de operar y constituyen nuevas empresas con los mismos socios, accionistas o integrantes, lo cual es una alerta respecto a posibles planeaciones e incluso la posibilidad de exigir el cumplimiento de obligaciones fiscales. Muchas de estas empresas pueden ser utilizadas también como factureras”, apunta.
Lo anterior se acompaña de la solicitud para que se promuevan acciones penales en contra de las personas involucradas en actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales, incluyendo a los representantes legales y personas que dirigen a las empresas infractoras.
Entre las modificaciones propuestas al Congreso también se cuenta el agilizar a 24 días el procedimiento de visitas domiciliarias que puede hacer el SAT a la presunta infractora para verificar si un comprobante digital respalda operaciones inexistentes. Mientras tanto, se suspenderá la facturación de esa empresa.
A los receptores de los comprobantes fiscales digitales falsos se les otorgará un plazo de 30 días para corregir su situación fiscal; si no lo hacen se les suspenderá el certificado de sello digital.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
