- Un acuerdo con una filial de GEO Group incorpora a empresas de vigilancia con fines de lucro en la localización y detención de personas migrantes, en medio del endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Donald Trump
Washington, 21 de diciembre del 2025.- El gobierno de Estados Unidos incorporó a contratistas privados en la persecución de personas migrantes, al contratar a BI Incorporated, subsidiaria de la empresa penitenciaria con fines de lucro GEO Group, para apoyar la localización y detención de migrantes en viviendas y centros de trabajo, de acuerdo con una investigación de The Intercept.
El acuerdo, impulsado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), forma parte de un nuevo esquema que habilita el uso de “cazarrecompensas” privados para facilitar el trabajo de agentes federales, a cambio de pagos monetarios. Registros oficiales señalan que el contrato inició con desembolsos por 1.6 millones de dólares, aunque podría alcanzar hasta 121 millones de dólares hacia 2027.
La empresa recibiría recursos tanto por la identificación de personas migrantes como por su posterior encarcelamiento, sin que el contrato precise si las labores se realizarán mediante operativos de campo, sistemas de vigilancia digital o una combinación de ambos. Para analistas, el esquema refleja un modelo de integración vertical que permite a GEO Group obtener beneficios en cada etapa del proceso migratorio.
BI Incorporated cuenta con una amplia experiencia en la vigilancia de migrantes y ofrece servicios de monitoreo remoto, dispositivos de rastreo GPS y plataformas digitales para el seguimiento de movimientos y análisis geoespacial. No obstante, el acuerdo establece que los contratistas no portarán credenciales oficiales que los identifiquen como representantes del gobierno, lo que ha generado preocupaciones sobre la legalidad y supervisión de sus acciones.
La revelación se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria bajo la segunda administración de Donald Trump, periodo en el que las acciones de GEO Group se han revalorizado y la empresa ha realizado aportaciones a la campaña de reelección del presidente y a su fondo inaugural.
En paralelo, el Departamento de Seguridad Interior difundió en redes sociales mensajes de tono celebratorio sobre las deportaciones, lo que ha sido interpretado por organizaciones civiles como una normalización del discurso de criminalización y exclusión contra comunidades migrantes.
La incorporación de empresas privadas en tareas de rastreo y detención refuerza el debate sobre el uso del lucro como motor de la política migratoria y el impacto de estas prácticas en los derechos humanos y el Estado de derecho en Estados Unidos.
