Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la PGJEH, comparece ante el Congreso y resalta modernización tecnológica
Pachuca de Soto, Hidalgo; 24 de noviembre de 2025.- En sesión ordinaria, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun compareció ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, como parte del procedimiento relativo al tercer informe del estado que guardan los diversos ramos de la administración pública encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar.
En su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez mencionó que la Procuraduría de Justicia es uno de los pilares de cualquier Estado democrático. “Ahí se investiga el delito, se combate la impunidad, se protege a las víctimas y se manda un mensaje firme de que nadie está por encima de la ley”.
En su intervención, el funcionario recalcó que las exigencias de la población hidalguense obligan a redoblar esfuerzos con transparencia, perfeccionar investigaciones y agilizar respuestas para garantizar sanción efectiva y reparación del daño a las víctimas.
Dentro de los logros más destacados, el encargado de la Procuraduría informó los siguientes:
- La certificación internacional ISO 9001:2015 en gestión de calidad para 19 áreas sustantivas.
- La identificación del origen de 271 armas de fuego.
- Respecto a las demandas de extinción de dominio, la obtención de sentencias sobre vehículos, inmuebles y dinero en efectivo, con un valor total de 8 millones 16 mil 579 pesos.
- La obtención de la declaratoria judicial de abandono de 30 vehículos a favor del gobierno.
- La vinculación a proceso para 40 exservidores públicos, entre ellos siete exalcaldes, 10 exfuncionarios estatales y 23 municipales.
- La vinculación a proceso de mil 246 personas generadoras de violencia sexual y contra la familia; 21 mil 868 medidas de protección y 295 sentencias condenatorias.
- La obtención de 13 sentencias condenatorias por feminicidio, con penas de hasta 37 años y seis meses de prisión.
- La participación en la elaboración del documento “Rutas para el acceso a la justicia y los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ del estado de Hidalgo”.
- La desarticulación de 21 células delictivas.
- La ejecución de 393 cateos en los que se aseguraron 15 mil 329 dosis de marihuana, 330 mil 064 dosis de metanfetamina y mil 619 dosis de cocaína.
- Durante el primer semestre del 2025, el registro de solo dos casos de secuestro en la entidad.
- La ejecución de mil 113 órdenes de aprehensión, la detención de 318 personas en flagrancia y la puesta a disposición de 150 armas de fuego.
En sesión de preguntas y respuestas, el diputado Aldo Meza Hernández (Morena) cuestionó qué avances se han logrado en la investigación de la “Estafa Siniestra” y qué medidas se han tomado para garantizar la justicia y la recuperación de los recursos desviados, por lo que el encargado recordó que “hay un amparo que me impide dar información respecto al tema, en el caso particular de la persona que mencionaste de sexo masculino, para ser respetuoso al amparo. Pero quiero que sepan que desde que empecé en la gestión, tuve la oportunidad de trabajar con la Embajada de Estados Unidos derivado de un estudio importante y de una investigación donde determinamos y nos dimos cuenta que se encontraba en Estados Unidos”.
El legislador también preguntó qué medidas concretas ha implementado la Procuraduría a su cargo para abordar la desaparición de personas y garantizar la seguridad y justicia para las familias de las víctimas, por lo que el funcionario indicó que la no localización de las personas es una problemática social altamente sensible, “por eso realizamos trabajos coordinados entre varias instituciones de los tres órdenes de gobierno. Las acciones son en dos sentidos: lograr la pronta localización y la sanción de delitos cometidos. Por el delito de desaparición cometida por particulares, obtuvimos una sentencia de condenatorias que van desde 25 hasta 62 años y hemos tenido una disminución del 83 por ciento”.
La diputada Diana Rangel Zúñiga (Morena) solicitó información sobre las acciones para garantizar la seguridad de juezas, jueces, magistradas, magistrados o servidores públicos que atienden casos sensibles, por lo que el encargado afirmó que existen protocolos dentro de la Procuraduría para evitar ese tipo de problemas. “En el caso específico, ya tenemos a las personas detenidas, vamos a lograr una sentencia condenatoria firme”.
La legisladora también cuestionó qué estrategia integral se está implementando para salvaguardar la integridad de las autoridades municipales, por lo que el funcionario indicó que en el caso del asesinato del edil de Pisaflores, Miguel Bahena Solórzano “tenemos dos personas que fueron vinculadas al proceso y se continuó la investigación”.
La diputada Cynthia Citlali Delgado Mendoza (Morena) preguntó si la Procuraduría cuenta con un diagnóstico actualizado sobre la recomposición de estos grupos delictivos y su capacidad real para regenerarse incluso después de estos operativos, por lo que el funcionario aseveró: “vamos de frente y duro contra la criminalidad y cualquier delito que se cometa dentro de este estado. Vamos a seguir trabajando arduamente con todo el equipo”.
La legisladora también cuestionó si los procesos contra exfuncionarios están avanzando hacia sanciones firmes o si solo se quedan en etapa mediática de la vinculación, por lo que el encargado del despacho reiteró que 23 fueron vinculados a proceso, 10 se encuentran en prisión preventiva, cinco fueron sentenciados y ocho en procesos de libertad.
El diputado Julián Nochebuena Hernández (Morena) solicitó información sobre la transición de Procuraduría a Fiscalía, por lo que el funcionario aseguró: “se trabaja en el tema operativo. Donde tenemos atraso es en el tema administrativo. Ya tenemos digitalizado todo el archivo, estamos digitalizando casi la gran mayoría de las carpetas de investigación, hoy tenemos centros de atención temprana, estamos trabajando con inteligencia artificial y tenemos la denuncia en línea. Creo que estamos avanzando”.
La legisladora Hilda Miranda Miranda (Morena) cuestionó qué avances concretos ha tenido la Procuraduría en la aplicación de protocolos de investigación con perspectiva de género y qué porcentaje de su personal de ministerios públicos y pericial ha recibido capacitación especializada para atender a víctimas mujeres, por lo que el encargado indicó: “tenemos un gran avance y hemos logrado bajar las cifras, comenzando con la aplicación de protocolos especializados que tenemos que homologar y optimizar en la investigación. El delito de feminicidio es un delito complejo porque abarca muchas circunstancias”.
La legisladora Orquídea Larragoiti Osorio (PT) preguntó cuál es la tasa de efectividad de detención, por lo que el funcionario explicó que este año incrementó el número de órdenes de aprehensión ejecutadas, sobre todo de violencia familiar.
La diputada también cuestionó los avances sobre el feminicidio de una menor en el municipio de Xochiatipan, por lo que el encargado precisó que se han realizado acciones periciales y policiales para llegar al esclarecimiento de los hechos y la identificación de las personas que cometieron el delito. “La carpeta se encuentra actualmente en integración. Hemos analizado más de 230 audios en lengua náhuatl”.
La legisladora Johana Montcerrat Hernández Pérez (PRI) preguntó que, en esta nueva realidad que vive el estado sobre seguridad, cuál es el plan de acción institucional, por lo que el encargado aseguró: “tenemos un récord importante de todos los personajes que se dedican a delinquir, detenidos como generadores de violencia. No vamos a permitir que sigan o que quieran intentar entrar al estado”.
Además, la diputada cuestionó si la Procuraduría tiene protocolos de atención de violencia a todas las mujeres, por lo que el funcionario detalló que las medidas de protección “se las generamos a todas las víctimas que se encuentran vulnerables. Quiero que sepan que todo el mundo, no nada más en delitos contra la mujer, tiene el acceso a las medidas de protección”.
La legisladora Tania Eréndira Meza Escorza (Morena) solicitó información sobre la creación de la Fiscalía de Atención y Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, por lo que el encargado del despacho indicó que las carpetas están en integración, con expedientes que están bien trabajados.
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) preguntó cuál es la visión para consolidar a la Procuraduría como una institución moderna y científica, por lo que el funcionario explicó que “estamos digitalizando todas las carpetas de investigación. Con el nuevo site, ya no vamos a depender de ningún servidor externo, no vamos a pagar una renta. Ya es autónomo, seguro, ya está más que blindado en los sistemas para que nadie nos robe información”.
El legislador también solicitó información sobre la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra los Animales y su actuar, por lo que el funcionario adelantó que, en el próximo presupuesto, “vamos a pedir una ambulancia y un espacio con las características necesarias para que los animales permanezcan en buen estado”.
El diputado Francisco Javier Téllez Sánchez (PT) cuestionó las medidas aplicadas para evitar los asesinatos de policías de investigación, las agresiones armadas contra funcionarios y los ataques dirigidos hacia personal del Poder Judicial, por lo que el encargado precisó: “todo el tiempo estamos capacitando a nuestro personal, les entregamos las herramientas necesarias para que no sucedan ese tipo de problemas”.
El legislador José Luis Rodríguez Higareda (Morena) preguntó sobre las acciones para bajar los delitos de alto impacto en la región de Tula, por lo que el funcionario mencionó que la Procuraduría mantiene coordinación con las fuerzas federales, estatales y con la presidencia municipal. “Quiero decirle a Tula que lo vamos a dejar lo más calmado posible. Estamos trabajando en áreas de inteligencia, también con el gobierno federal, para combatir a las células criminales que se encuentran o que quieren radicar en el municipio”.
La diputada Claudia Lilia Luna Islas (PAN) cuestionó si hay ministerios públicos sancionados por el tema de corrupción y cómo se está capacitando para que la actuación de los MP sea más rápida y efectiva, por lo que el encargado aseveró que cualquier ministerio público que cometa un acto de corrupción, será sancionado o instituido.
La legisladora también preguntó el seguimiento para que realmente se lleven a cabo los acuerdos reparatorios, por lo que el funcionario manifestó que son asuntos “que se pueden resolver entre particulares. Eso nos ha ayudado a desahogar cualquier tema de irnos a una carpeta de investigación”.
El diputado Avelino Tovar Iglesias (PVEM) recordó que Actopan vive una crisis de inseguridad, donde un regidor se vio involucrado en el linchamiento de una persona, por lo que el encargado del despacho informó que está vigente la investigación. “Él está imputado por dos delitos de alto impacto”.
Finalmente, el legislador Juan Pablo Escalante Urbán (Morena) preguntó cuántas de las demandas se han resuelto favorablemente y a cuánto asciende el monto global derivado de las acciones de extinción de dominio, por lo que el funcionario solicitó confianza en la Procuraduría. “Son procesos que no dependen solo de la Procuraduría, dependen también de otro tipo de juzgados y seguimos trabajando de la mano”.