Ciudad de México, 20 de mayo de 2025
Convergencia digital y apoyar a las radios comunitarias, temas abordados en cuarto conversatorio
En la primera mesa de debate de este martes sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los ponentes coincidieron en la necesidad de apoyar a las radios comunitarias e indígenas, aprobar presupuestos para la radio pública sin que se afecte la libertad de expresión y editorial, así como regular a las plataformas digitales y atender la convergencia digital.
La coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, Mireille Campos Arzeta, subrayó la importancia de que en la ley se defina de manera clara a las radios comunitarias indígenas y afromexicanas. Dijo que los estándares internacionales señalan que esas definiciones deben incluir su finalidad social, así como su independencia operativa y financiera del Estado y de intereses económicos.
El presidente del Sistema Regional de Televisión AC, Sergio Valles Rivas, detalló que los canales sociales al aire sólo representan 1.1 por ciento del total, lo que demuestra el profundo rezago de las concesiones sociales. “Son constantes las iniciativas y propuestas bloqueadas por las grandes corporaciones televisivas, por eso celebramos esta propuesta de ley”, añadió.
A su vez, la presidenta de la Red de Radios Universitarios de México, Sandra Marcela Fernández Alaniz, indicó que las estaciones de radio universitarias son sustantivas para las instituciones de educación, porque articulan docencia, investigación y difusión cultural. “Hay mucho que corregir y fortalecer; pedimos un marco legal que contenga convenios, patrocinios claros, autofinanciación y equidad técnica”, agregó.
Diana Núñez Ronquillo, consejera de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), señaló que el marco regulatorio para los servicios de televisión radiodifundida y restringida, no se aplica a los servicios de plataformas de streaming y desde hace 15 años, cuando llegaron a México, han afectado a usuarios y a la industria, por no respetar la franja de horarios y lenguaje correcto, mientras que para la televisión tradicional hay una sobrerregulación, por lo que pidió evitar esos desbalances.
La presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Azucena Pimentel Mendoza, afirmó que la actualidad exige que la sostenibilidad de los medios públicos sea a través de un financiamiento mixto; que los medios públicos tengan independencia editorial y participación ciudadana; y que haya colaboración de éstos con medios e instituciones internacionales; además de fortalecer la radio comunitaria.
En su turno, Elena Estavillo Flores, directora general del Centro-i para la Sociedad del Futuro, aseveró que es importante atender la convergencia digital, toda vez que la radio, televisión y prensa, ya no son los únicos medios que difunden información, pues hay una reconfiguración a través de la llegada del Internet y por esto es “imprescindible” actualizar la legislación y que la nueva ley considere reglas que garanticen condiciones equitativas y con respeto a la libertad de expresión.
Durante la participación de las y los senadores, Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, comentó que se debe ser muy cautos y específicos a la hora de revisar el marco legal de las telecomunicaciones, por lo que es relevante escuchar las experiencias de los actores involucrados.
Claudia Anaya Mota, del PRI, expresó que hay dudas sobre si existe o no un consenso respecto de la ley por parte de las radios comunitarias, porque se conocen señalamientos respecto de que radios sociales comercializaban espacios para realizar entrevistas, sobre todo en campañas. “Es importante establecer modelos regulatorios para evitar el mal uso de una radio que se pensó para otro fin”, apuntó.
Por Morena, Martha Lucía Micher Camarena refirió que es importante considerar a las radios comunitarias, por lo que cuestionó a los participantes sobre si es limitado el objeto de las radios con concesión para uso social de las comunidades indígenas y afromexicanos, que determina que sólo se otorgará la concesión con el fin de preservar, proteger y desarrollar el patrimonio cultura, material e inmaterial de los pueblos.
Con información de: Cámara de Senadores
