SCJN analizará por primera vez la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido
- El máximo tribunal revisará un amparo promovido por una paciente con cáncer que impugna las restricciones previstas en la Ley General de Salud y el Código Penal de la Ciudad de México.
Ciudad de México, 18 de junio del 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó revisar la constitucionalidad de la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido en México, al atraer un amparo que plantea si la legislación vigente vulnera derechos fundamentales como la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad.
Con una votación de ocho ministros a favor y uno en contra —emitido por la ministra María Estela Ríos González—, el Pleno resolvió reasumir su competencia para conocer el amparo en revisión 147/2026, promovido por una tanatóloga que ha sido diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama y actualmente se encuentra bajo tratamiento médico.
La promovente solicita que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud y en el Código Penal de la Ciudad de México que prohíben la eutanasia, al considerar que dichas normas le impiden ejercer su derecho a decidir de manera libre sobre el final de su vida.
Con esta determinación, el máximo tribunal deberá definir si la prohibición absoluta de la eutanasia y del suicidio asistido es compatible con el marco constitucional o si, por el contrario, restringe de manera desproporcionada derechos relacionados con la autodeterminación, la dignidad humana y la libertad personal, al reconocer únicamente la denominada muerte natural como alternativa legal.
Durante la discusión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía sostuvo que el caso representa una oportunidad para que la Corte establezca un criterio inédito sobre la eutanasia y otras modalidades de muerte médicamente asistida.
Además del análisis de fondo, las ministras y ministros deberán resolver si la quejosa cuenta con interés jurídico para impugnar las disposiciones cuestionadas y si éstas inciden directamente en el ejercicio de sus derechos.
A su vez, la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que el asunto reviste especial relevancia por las implicaciones éticas, médicas, sanitarias y penales que podría tener una eventual resolución, particularmente en temas relacionados con el consentimiento informado, la autonomía de los pacientes y del personal médico, la objeción de conciencia, los cuidados paliativos y la protección de personas en condición de vulnerabilidad.
La resolución que eventualmente emita la SCJN podría convertirse en un precedente de alcance nacional sobre uno de los debates más complejos en materia de derechos humanos, bioética y salud pública.