Nicaragua endurece control político; reforma constitucional limita candidaturas opositoras
- Parlamento amplía mandato presidencial y establece restricciones para quienes sean considerados “golpistas” o “traidores a la patria”
MANAGUA, 02 de septiembre del 2026.- El Parlamento de Nicaragua aprobó una nueva reforma constitucional que profundiza las restricciones políticas para los sectores opositores y amplía el periodo de los cargos de elección popular, en una nueva medida que fortalece el control político del gobierno encabezado por Daniel Ortega.
La modificación a la Carta Magna, aprobada por la Asamblea Nacional a última hora del martes, establece que quienes sean considerados “golpistas” o “traidores a la patria” no podrán contender por cargos de elección popular ni ocupar puestos dentro de la administración pública.
De acuerdo con información difundida por el diario oficialista El 19 Digital, la reforma también amplía de seis a siete años el periodo del mandato presidencial y de otros cargos de elección popular.
Entre los cambios aprobados se incluye, además, una disposición mediante la cual las leyes extranjeras no tendrán efectos jurídicos dentro del territorio nicaragüense.
La reforma ocurre semanas después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara, en agosto, la celebración de una reunión extraordinaria de cancilleres, en medio de los llamados de Estados Unidos para que la comunidad internacional adopte una postura firme frente a la situación política de Nicaragua.
El escenario se tensó luego de que Daniel Ortega planteara públicamente la posibilidad de eliminar las elecciones, declaraciones que generaron preocupación internacional y cuestionamientos sobre el futuro democrático del país.
Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó la modificación constitucional y sostuvo que representa un nuevo retroceso para la democracia nicaragüense.
En un comunicado, Rubio afirmó que la reforma busca consolidar el poder de la actual administración y limitar de manera indefinida la posibilidad de que los ciudadanos nicaragüenses participen en elecciones libres y competitivas.
La nueva reforma constitucional se suma así a una serie de modificaciones institucionales que han incrementado las restricciones para la oposición y reforzado el control del gobierno sobre las estructuras políticas y públicas de Nicaragua.