En comparecencia, Onésimo Serrano, encargado de la Unidad de Planeación y Prospectiva, presenta avances en desarrollo metropolitano e innovación

Sesión de preguntas y respuestas

En sesión de preguntas y respuestas, la diputada Cynthia Citlali Delgado Mendoza (Morena) cuestionó cómo evalúa la unidad el impacto de los 20 corredores artesanales construidos en 18 municipios, si existen indicadores sobre ocupación, afluencia de visitantes, ventas e ingresos de las familias beneficiarias, así como mecanismos de coordinación entre la CEDSPI, los municipios y la Secretaría de Turismo para garantizar su operación, mantenimiento, promoción y transparencia. Asimismo, solicitó conocer los resultados de la marca Hecho en Pueblos Indígenas y las evidencias de su contribución a la ampliación de mercados y al incremento de los ingresos de las personas artesanas.

El encargado explicó que la construcción de corredores artesanales busca ofrecer espacios dignos para exhibir y comercializar los productos de los pueblos indígenas. Señaló que la selección de los sitios considera la certeza jurídica de los terrenos y la coordinación con autoridades municipales, auxiliares y personas artesanas. Asimismo, indicó que la CEDSPI establece agendas de trabajo con los municipios y otras instituciones para promover el funcionamiento de estos espacios y vincularlos con la marca Hecho en Pueblos Indígenas, como parte de una estrategia para impulsar la cultura, las artesanías y la actividad económica de las comunidades originarias.

La legisladora preguntó qué acciones puede impulsar la unidad para destrabar el proyecto de construcción de 750 Viviendas del Bienestar en Ixmiquilpan, detenido por un conflicto agrario en el predio de la comunidad de El Valante. Asimismo, planteó la posibilidad de instalar una mesa de trabajo con autoridades federales, municipales y otras instancias competentes para evaluar alternativas de terreno.

El funcionario comunicó que la dependencia fungió como enlace con el gobierno federal para impulsar el programa en dicho municipio. Compartió que el proyecto previsto en el predio El Valante, propiedad estatal, se detuvo debido a la negativa de la comunidad, pese a los diálogos y acuerdos iniciales con autoridades municipales y federales. No obstante, aseguró que el programa se concretará en el municipio, pues ya se identifica, en coordinación con el ayuntamiento, un terreno alternativo.

La diputada Karla Perales Arrieta (MC) cuestionó la falta de planeación en materia de movilidad en la Zona Metropolitana de Pachuca, particularmente en Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala, donde la saturación vial provoca largos tiempos de traslado en avenidas como el bulevar Colosio, Las Torres, la carretera Pachuca-Sahagún y el bulevar Felipe Ángeles.

El encargado reconoció que la zona ha experimentado un crecimiento urbano desordenado, con desarrollos inmobiliarios que no siempre garantizaban condiciones territoriales adecuadas ni servicios públicos suficientes. Informó que, ante la falta de instrumentos de planeación —pues en 2022 solo 11 municipios contaban con ellos—, se impulsó la elaboración de programas municipales de desarrollo urbano, logrando que más de 25 municipios dispongan de estos instrumentos. Asimismo, destacó la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) para los siete municipios de la zona metropolitana, que permite diagnosticar los patrones de movilidad y proponer soluciones viales a corto, mediano y largo plazo.

La legisladora preguntó en qué plazo se esperan resultados concretos para reducir los tiempos de traslado. Asimismo, cuestionó si el seguimiento trimestral de 483 indicadores de 19 dependencias y 64 organismos públicos ha generado cambios efectivos en las decisiones gubernamentales, particularmente respecto a los derechos de la niñez por municipio.

El funcionario mencionó que la reducción de los tiempos de traslado en la Zona Metropolitana de Pachuca dependerá de nuevas alternativas de movilidad, entre ellas el tren México-Pachuca, cuya conclusión está prevista para 2027, así como de los proyectos viales impulsados por la SIPDUS. Respecto a la evaluación de políticas públicas, detalló que los indicadores permiten monitorear el cumplimiento de metas, identificar buenas prácticas y realizar ajustes en los programas, complementándose con recorridos territoriales para conocer la percepción ciudadana.

La diputada Paloma Barragán Santos (Morena) cuestionó la situación de los 41.7 millones de pesos provenientes de multas electorales destinados al Citnova, solicitando conocer cuánto se ha ejercido, cuántos proyectos han recibido financiamiento y qué acciones se implementaron para resolver las diferencias administrativas entre el organismo y la Unidad de Planeación y Prospectiva. Asimismo, pidió detalles sobre la distribución regional de los más de 124 millones de pesos destinados a ciencia, tecnología e innovación entre 2023 y 2026, particularmente en la Huasteca hidalguense.

El encargado precisó que los cerca de 41 millones de pesos provenientes de multas electorales, destinados al fomento de la ciencia y la tecnología a través del Citnova, continúan en proceso de definición para garantizar su aplicación conforme a objetivos y metas específicos. Manifestó que se buscará establecer una mesa de trabajo para acordar el destino de los recursos y transparentar su ejercicio. Asimismo, subrayó que los programas de becas y apoyos han beneficiado a 115 personas, de las cuales 63 son mujeres y 52 hombres, y que desde el inicio de la administración se acumulan más de 300 beneficiarios.

La legisladora preguntó qué programas, becas y estrategias impulsa el gobierno estatal, a través del Citnova, para reducir las brechas de género y fomentar la participación de niñas y jóvenes en la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. También, solicitó conocer cuántas jóvenes hidalguenses han sido beneficiadas y cuáles son los resultados concretos de estas iniciativas, especialmente en regiones con mayores rezagos, como la Huasteca hidalguense.

El funcionario celebró las acciones para reducir las brechas de género en ciencia y tecnología desde la infancia, mediante programas del Citnova y del Instituto de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación (DECSTI). Resaltó el programa MakerWomenSTEM, que busca formar a niñas y mujeres en robótica, ciencia y tecnología, con una inversión cercana a 200 mil pesos y una meta de 217 beneficiarias. Hasta el momento, 85 mujeres han recibido capacitación y se prevé continuar con las actividades durante el resto del año.

La diputada Yarabi González Martínez (Morena) pidió conocer qué estrategias de planeación se han implementado para mejorar los servicios de salud, educación y preservación cultural de los pueblos indígenas, respetando su pluriculturalidad, libre determinación y reconocimiento jurídico. Asimismo, cuestionó si el gobierno estatal cuenta con los recursos presupuestales necesarios para atender las necesidades de estas comunidades y garantizar la contratación de intérpretes en hospitales, escuelas, ministerios públicos y demás dependencias públicas, a fin de asegurar el acceso efectivo a sus derechos.

El encargado recordó que la atención integral de los pueblos y comunidades indígenas es una prioridad del gobierno de Julio Menchaca Salazar, mediante programas sociales y acciones de infraestructura como las macrojornadas ¡A Ver… A Ver!, Guardianes de Vida, Manos de Tierra, Agua Vida, los corredores artesanales, las casas de la mujer indígena y Piso Firme para Todos. Asimismo, informó que la CEDSPI cuenta con un programa de certificación de intérpretes, pero reconoció la necesidad de fortalecer su presupuesto para ampliar la atención en hospitales, escuelas, ministerios públicos y otras dependencias.

La legisladora requirió información sobre los programas sociales Por si las Lluvias y Mujer de Maíz, preguntando cuántas solicitudes se recibieron en 2025, cuántas fueron atendidas y cuántas quedaron pendientes, así como los criterios técnicos, estadísticos y presupuestales utilizados para modificar o sustituir estos apoyos dirigidos a mujeres rurales e indígenas. Asimismo, pidió conocer el presupuesto destinado a la construcción y equipamiento de la Casa de la Mujer Indígena en la región Otomí-Tepehua.

El funcionario explicó que los programas no pudieron atender todas las solicitudes debido a limitaciones presupuestales, aunque aseguró que los registros se mantienen en los expedientes de la CEDSPI para buscar alternativas de apoyo en ejercicios posteriores. Respecto a la Casa de la Mujer Indígena en Tenango, destacó que se trabaja coordinadamente con la Secretaría de Salud para garantizar servicios seguros y de calidad, además de impulsar, con apoyo de organismos internacionales, la capacitación de parteras y el fortalecimiento de la atención a las comunidades de la región Otomí-Tepehua.

El diputado Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) solicitó aclaraciones sobre los costos de los apoyos de seguridad alimentaria dirigidos a comunidades indígenas, al señalar posibles sobrecostos en los paquetes entregados. Cuestionó la inversión de 9.4 millones de pesos para beneficiar a mil 887 familias con paquetes de pollos de doble propósito, cuyo costo promedio sería de aproximadamente 4 mil 981 pesos por paquete, así como los 4.7 millones de pesos destinados a 791 comités para adquirir paquetes de herramientas, con un costo aproximado de 5 mil 941 pesos cada uno.

El encargado puntualizó que los programas de seguridad alimentaria y entrega de herramientas dirigidos a pueblos y comunidades indígenas cuentan con reglas de operación públicas, que establecen los requisitos y tipos de apoyo. Asimismo, se comprometió a organizar una reunión con la comisión correspondiente para aclarar los costos señalados por el diputado y garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

El legislador expresó preocupación por los posibles sobrecostos en los programas dirigidos a comunidades indígenas, al señalar que las ecoestufas para mil 850 familias representaron una inversión de 10.8 millones de pesos (5 mil 837 pesos por unidad), mientras que 45 biodigestores requirieron 4.3 millones de pesos (95 mil pesos cada uno).

El funcionario destacó que los programas de estufas ecológicas y biodigestores buscan mejorar las condiciones de seguridad y bienestar en las viviendas de las comunidades indígenas. Ante los cuestionamientos sobre los costos y el número de beneficiarios, aseguró que realizará una reunión con la comisión correspondiente para revisar las cifras, justificar los montos y brindar información transparente al Congreso y a la ciudadanía.

La diputada Claudia Lilia Luna Islas (PAN) requirió cifras concretas sobre cuántas de las 26 mil propuestas ciudadanas se han traducido en soluciones reales, así como los kilómetros de infraestructura peatonal que consideran a las personas con discapacidad. También cuestionó la falta de coordinación entre dependencias para resolver los problemas de movilidad en la zona sur de Pachuca y pidió fechas específicas para implementar las soluciones planteadas, incluyendo las acciones previstas en la vialidad Colosio y la Glorieta 24 Horas ante la próxima inauguración de las oficinas del gobierno estatal.

El encargado anunció que, desde el inicio de la administración, se han registrado más de 100 mil participaciones ciudadanas, incluidas 26 mil propuestas para actualizar el Plan Estatal de Desarrollo, las cuales se analizan y vinculan con objetivos y acciones gubernamentales. Respecto a la movilidad metropolitana, manifestó que el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de 2020 requiere actualizarse, ya que fue elaborado durante la pandemia y sus diagnósticos no reflejan plenamente la realidad actual.

La legisladora cuestionó si el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable está actualizado y qué instrumento utiliza actualmente el gobierno para atender las necesidades de movilidad metropolitana. Asimismo, lamentó inconsistencias en los datos del Tablero Estratégico de Seguimiento de Indicadores (TESI), al detectar registros en cero o sin resultados pese a que existen avances reportados trimestralmente. Por ello, preguntó si los secretarios conocen y utilizan esta herramienta, qué tan confiable es la información publicada y con qué frecuencia se revisan y actualizan los indicadores.

El funcionario consideró que el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, elaborado en 2020, requiere actualizarse para responder a las necesidades actuales. Respecto al TESI, dijo que es una herramienta de seguimiento reciente, cuyos indicadores son conocidos por las dependencias y se rigen por lineamientos públicos. Aclaró que algunos registros en cero corresponden a indicadores de medición anual, cuyos resultados se reportan al cierre del ejercicio y afirmó que la información es revisada por la unidad antes de publicarse en el tablero.

La diputada Diana Rangel Zúñiga (Morena) preguntó si se contempla ampliar las metas y la cobertura de los programas, así como continuar impulsando acciones para mejorar el bienestar y preservar las tradiciones de las comunidades originarias.

El encargado destacó la ampliación de la Zona Metropolitana del Valle de México a ocho municipios, mediante la incorporación de siete nuevos municipios a Tizayuca, con el objetivo de impulsar oportunidades económicas y un desarrollo urbano sostenible. Informó que se actualiza el Programa de Ordenación de la zona metropolitana, actualmente en etapa de consulta pública. Asimismo, señaló que en el distrito 7 se han impulsado más de 350 acciones durante el periodo 2025-2026, mediante programas de atención a pueblos indígenas enfocados en salud, cultura, lenguas originarias, seguridad alimentaria e infraestructura.

Participación ciudadana

En un ejercicio de rendición de cuentas, la ciudadanía cuestionó en qué condiciones recibió Onésimo Serrano la Unidad de Planeación y Prospectiva tras la salida de Miguel Tello, qué asuntos quedaron pendientes y si existen proyectos, contratos u observaciones que el anterior titular deba aclarar, así como quién asumirá la responsabilidad por las decisiones tomadas durante su gestión.

El funcionario afirmó que recibió una institución sólida y en funcionamiento. Aseveró que dará continuidad a la planeación metropolitana, la evaluación de políticas públicas, el impulso a la ciencia y tecnología, así como la simplificación y digitalización de trámites. Asimismo, reconoció la existencia de observaciones y señalamientos, pero manifestó que serán atendidos con seriedad y profesionalismo para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el beneficio de la ciudadanía.

La sociedad también preguntó qué beneficios concretos ha generado el Laboratorio de Políticas Públicas tras una inversión de aproximadamente 24 millones de pesos, qué problemas ha ayudado a resolver y cómo se comprueba el impacto de esos recursos.

El encargado puntualizó que los recursos se destinaron a equipamiento tecnológico, licencias y software. Comunicó que el laboratorio ha desarrollado cerca de 100 productos e instrumentos de análisis para apoyar la toma de decisiones gubernamentales, mejorar procesos institucionales y ofrecer información pública. Entre sus resultados destacan estudios de riesgos, herramientas para fortalecer a los municipios, análisis de sectores económicos estratégicos, políticas inclusivas, instrumentos de movilidad y propuestas para identificar obras viales prioritarias.

La ciudadanía cuestionó ¿qué resultados realiza directamente la unidad y cuáles corresponden a otras secretarías para evitar que una misma obra se presente como logro de varias dependencias?

El funcionario explicó que la dependencia tiene una función transversal de coordinación y planeación, no de ejecución directa de obras. Su labor consiste en diseñar instrumentos, establecer objetivos y estrategias, coordinar acciones y dar seguimiento a las metas. Como ejemplos, mencionó la elaboración de tres programas parciales de desarrollo urbano relacionados con estaciones ferroviarias y la promoción de parcelas demostrativas para informar a productores sobre los beneficios de la tecnificación del riego, mientras que la ejecución de las obras corresponde a las instancias competentes.

La sociedad preguntó cuáles son las responsabilidades de la unidad y de la Secretaría de Agricultura en los proyectos de tecnología agrícola, qué coordinación existe y qué beneficios han obtenido los productores en sus cosechas e ingresos.

El encargado expuso que la Secretaría de Agricultura es responsable de ejecutar los programas y las obras del sector, mientras que Planeación participa en la coordinación, documentación y evaluación de buenas prácticas. Como ejemplo, destacó las parcelas demostrativas de tecnificación del riego, donde se registraron ahorros de agua de entre 30 y 80 por ciento, así como incrementos de productividad de hasta 38 por ciento.