- Recortes de personal y control del gasto avanzan sin publicación oficial del acuerdo
Ciudad de México, 18 de enero del 2026.- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó de manera unánime un acuerdo de disciplina presupuestaria que impone medidas de austeridad severas a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) para el ejercicio fiscal 2026, incluidas la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral.
El documento, avalado el 11 de diciembre de 2025, establece una reducción de 10 por ciento en el costo total anual de las estructuras orgánicas, además de limitar de forma estricta la creación de plazas y la contratación de personal, disposiciones que ya se aplican pese a que el acuerdo no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación ni difundido oficialmente.
Incertidumbre laboral y reacomodos internos
La implementación anticipada del acuerdo ha generado incertidumbre entre miles de trabajadores judiciales, particularmente entre quienes cuentan con plazas temporales o contratos por honorarios, debido a la cancelación de plazas y al endurecimiento de los criterios de contratación.
En el nuevo esquema, los servicios profesionales sólo podrán contratarse para atender necesidades extraordinarias y temporales, con convenios de hasta tres meses, sin posibilidad de recontrataciones consecutivas y con un tope máximo de seis meses por ejercicio fiscal.
Ajustes al gasto operativo
El ordenamiento también instruye una reducción de 50 por ciento en los recursos destinados a servicios de comedor, viáticos y comisiones, en comparación con el gasto ejercido en 2025, como parte de una política de contención del gasto corriente y racionalización administrativa.
Asimismo, se establece que las plazas vacantes deberán permanecer sin ocuparse por al menos 30 días naturales, y aquellas que acumulen más de cuatro meses de vacancia serán puestas a disposición del OAJ, reforzando el control centralizado sobre la estructura laboral del Poder Judicial.
Contexto político y señales internas
El acuerdo fue firmado por el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, y certificado por el secretario ejecutivo del pleno, César Mauricio López Ramírez, en un contexto marcado por reacomodos internos y tensiones administrativas, tras la salida de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romero, caso sobre el cual el órgano no ha emitido información pública detallada.
En términos políticos, la decisión representa un mensaje de disciplina presupuestaria y ajuste institucional, pero también abre un nuevo frente de debate sobre la transparencia en la toma de decisiones y el impacto de la austeridad en el funcionamiento del Poder Judicial y en la estabilidad laboral de sus trabajadores.
