Economia

Secretaría de Economía y PNUD presentan ocho guías sectoriales para fortalecer la agenda de Empresas y Derechos Humanos en México

• La Secretaría de Economía y el PNUD presentaron 8 guías sectoriales dirigidas a 8 dependencias federales.

• Las guías fortalecen la debida diligencia y la prevención de riesgos en materia de derechos humanos vinculados a la actividad empresarial.

• Se busca consolidar un marco institucional más coherente y fortalecer la coordinación interinstitucional del Estado mexicano.

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2025.- Este miércoles 19 de noviembre de 2025, la Secretaría de Economía (SE) recibió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México para presentar ocho guías sectoriales dirigidas a igual número de dependencias de la Administración Pública Federal,con el objetivo de fortalecer sus capacidades institucionales en materia de Empresas y Derechos Humanos.

Elaboradas inicialmente durante la administración anterior bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación —como parte del trabajo para integrar la primera política nacional en esta materia—, las guías fueron retomadas y actualizadas en la presente administración con el fin de adecuarlas al contexto institucional actual y fortalecer su utilidad como herramientas técnicas para el Estado mexicano.

Las guías se desarrollaron en el marco del proyecto “Empresas y Derechos Humanos” del PNUD, implementado en 17 países con apoyo del Gobierno de Japón, y que busca contribuir a la consolidación de políticas públicas preventivas, coherentes y basadas en la debida diligencia.

El evento fue encabezado por la Sra. Silvia Morimoto, Representante Residente del PNUD en México, y por el Dr. Vidal Llerenas Morales, Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, quien destacó la importancia de contar con instrumentos sólidos que permitan al Estado mexicano responder a los retos vinculados a la actividad empresarial, en congruencia con los compromisos internacionales en la materia.

Como parte del programa, Annabelle Sulmont, Oficial Nacional de Gobernanza del PNUD, presentó los antecedentes del proyecto, mientras que Humberto Cantú, Director del Centro de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey, expuso los elementos técnicos de las guías y las recomendaciones para los siguientes pasos hacia su implementación.

Las guías sectoriales están dirigidas a las siguientes dependencias federales:

• Secretaría de Gobernación

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social

• Secretaría de Energía}

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

• Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

• Secretaría de Turismo

• Secretaría de Economía

Además del PNUD, el proyecto contó con el acompañamiento de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que han participado de manera constante en la construcción técnica de esta agenda.

Asimismo, se contó con la asistencia de organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en la materia, tales como Oxfam México, PODER, GIZ México y ProDESC, cuyo trabajo y retroalimentación han contribuido a fortalecer el contenido y enfoque de las guías presentadas.

Estas herramientas identifican las atribuciones de cada institución en materia de derechos humanos y actividad empresarial, y proponen acciones concretas para fortalecer la prevención de impactos adversos, mejorar la gestión de riesgos y promover la coherencia entre las políticas económica, laboral, ambiental y social.

Las ocho guías sectoriales se encuentran disponibles para su consulta en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/10Gp9SvJDX35XL9G72hORa53kK2NBpKo_?usp=drive_link

La Secretaría de Economía reiteró que esta estrategia forma parte del impulso a la prosperidad compartida, con el objetivo de atraer mayor inversión a México bajo un marco sólido de derechos humanos, y garantizar que las dependencias federales apliquen la normatividad con pleno respeto a la dignidad humana y a los principios de sostenibilidad.

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