Ciudad de México, 16 de octubre del 2025.- Elena Álvarez-Buylla, directora del entonces Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación), rechazó la campaña pública en su contra y de su familia por presunto daño al patrimonio público.
Sobre la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) referente a un contrato de 57 millones de pesos, respecto al cual se determinó un procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) por 35 millones de pesos, en una carta difundida en sus redes sociales señala que “fueron identificadas en su momento por el Órgano Interno de Control (OIC) del entonces Conahcyt y por la propia ASF, en relación con el uso de recursos de uno de los fideicomisos”.
Explica que dichos señalamientos se deben a que la empresa implicada “no presentó los entregables administrativos de manera adecuada, a pesar de que la Unidad de Administración y Finanzas pagó las facturas correspondientes”.
Álvarez-Buylla, reconocida experta en el estudio de la ecología evolutiva del desarrollo y Premio Nacional de Ciencias 2017 en los campos de físico-matemáticas y naturales, destaca que enfrentar los intereses creados en la ciencia y en la academia, que durante años “usufructuaron al Conacyt sin una observancia rigurosa que evidenciara sus excesos y dispendios de manera ilegítima o fuera de norma, ha tenido un costo muy alto”.
Enfatiza que durante su gestión, en la que se dio el proceso de extinción de 91 fideicomisos del entonces Conahcyt, instrumentos que consideró poco eficientes y opacos en el manejo de los recursos, se logró recuperar para el erario 21 mil 800 millones de pesos, de los cuales, 7 mil 651 correspondían a proyectos insolventes y más de 14 mil a recursos pasivos en los fideicomisos extintos.
Es pertinente precisar, agrega, que el PRAS es un instrumento dirigido a personas o a representantes de empresas específicas, y a partir de éste se sustentan las denuncias correspondientes, por lo que subraya que no figura en ninguno de dichos documentos. Afirma que el trabajo por el que se contrató a la empresa “sí se realizó y el recurso provino de la cuenta pública”.
Destaca que la Unidad de Asuntos Jurídicos y el OIC del Conahcyt hicieron observaciones a la licitación en cuestión, y el área responsable “determinó proceder con la terminación anticipada del contrato”, lo que generó “la remoción de servidores públicos de la unidad responsable, así como la apertura de los procedimientos conducentes en el marco de las auditorías correspondientes”.
También recuerda que dio indicaciones para que Asuntos Jurídicos diera seguimiento a las auditorías y observaciones de la ASF, además de que el Servicio de Administración Tributaria auditó a la firma prestadora del servicio.
Enfatiza que su patrimonio ha sido público durante su paso por la administración federal, y asegura que sus ingresos “son producto de un trabajo honesto, transparente y apegado a la legalidad, resultado de una trayectoria académica honrosa”.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
