Ciudad de México, 28 de agosto del 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se encuentra en el proceso de discusión sobre las nuevas reglas para prevenir lavado de dinero en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), dio a conocer este jueves Héctor Santana, titular de la unidad de seguros, pensiones y seguridad social de la dependencia.
Las nuevas reglas de antilavado tienen como objetivo fortalecer el sistema de ahorro para el retiro y para ello se utilizarán recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (Gafi).
“Terminamos hace unos días la discusión, la actualización que nos tomó casi un año, de las reglas para prevenir el lavado de dinero. Están bajo la opinión de la UIF y en algunos días deberá tenerse una solución”, apuntó Santana durante el 11 Encuentro de Educación Financiera de Banamex.
Falta de acceso a seguridad social, gran problema
Por otra parte, consideró que “la mayor carencia que tienen los mexicanos hoy es que la seguridad social no ha logrado llegar a todos. ¿Qué viene asociado con la seguridad social? La protección en el que el individuo y la familia lo requiere no es todo el tiempo, sino cuando lo necesitan y lo requieren”.
El funcionario recalcó que las autoridades y las firmas financieras “deben dotar a la gente para hacer válidos estos derechos e incorporar a la gente que no los tiene. Tenemos que reducir la fragmentación del sistema e incorporar al 52 por ciento que tiene solamente la pensión contributiva”.
Planteó que uno de los retos que enfrenta el sistema de pensiones en México es construir nuevos mecanismos de inversión en las Afores, así como hacer “más equitativo” el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
“Tenemos que prepararnos y construir esas herramientas, el país será distinto. Si fondeamos el futuro sí es alcanzable y no tendremos que estar peleando los recursos a la educación, ni a la salud, ni a otras áreas muy relevantes para la vida nacional”, puntualizó Santana.
También argumentó que las presiones en el gasto público derivadas de las pensiones es un problema que ya se había estimado cuando nacieron las Afores (en 1997), toda vez que en este momento representan 22 por ciento del presupuesto y equivale a 4.4 por ciento del PIB.
Por lo anterior, agregó, es necesario que el gobierno y los agentes privados trabajen de la mano para que en el futuro los trabajadores tengan una pensión digna.
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