Illinois desafía a la Casa Blanca y documenta abusos en operativos migratorios
- Una comisión estatal busca crear un registro histórico de violaciones a derechos humanos atribuidas a agentes migratorios, ante la falta de rendición de cuentas del gobierno federal
Chicago, 22 de diciembre del 2025.— La ciudad de Chicago se ha convertido en uno de los principales escenarios de las políticas antimigrantes impulsadas por la Casa Blanca, en un contexto marcado por denuncias de uso excesivo de la fuerza, intimidación y violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por agentes federales de control migratorio.
Diversos incidentes documentados incluyen el ataque con gas pimienta a una familia —entre ellos una niña de un año— dentro de su automóvil en el estacionamiento de un centro comercial, maltratos físicos contra trabajadores durante detenciones y la represión de manifestantes pacíficos mediante el uso de fuerza y sustancias químicas. De acuerdo con defensores de derechos civiles, estas acciones se han llevado a cabo bajo un amplio manto de impunidad.
Chicago fue identificada como uno de los principales objetivos de las redadas federales no sólo por su histórica población migrante, sino también por la postura crítica de sus gobiernos municipal y estatal, ambos encabezados por demócratas, frente al presidente Donald Trump.
Ante este panorama, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, creó la Comisión para el Rendimiento de Cuentas del estado (IAC, por sus siglas en inglés), la primera instancia en el país con el mandato específico de documentar abusos cometidos por fuerzas federales. El organismo está integrado por expertos legales y es presidido por el juez federal retirado Rubén Castillo.
La comisión celebró la semana pasada la primera de cuatro audiencias públicas programadas, enfocada en analizar las tácticas empleadas por agentes federales y el impacto del uso recurrente de gases lacrimógenos y gas pimienta durante operativos antimigrantes. Tras la presentación de testimonios y material audiovisual, Castillo calificó las imágenes como “escandalosas” y advirtió que “esto no puede convertirse en la nueva normalidad”.
Susan Gzesh, integrante de la IAC, abogada especializada en derechos de personas migrantes y profesora de derechos humanos en la Universidad de Chicago, explicó que la misión central del organismo es “crear un registro histórico de los abusos a las garantías humanas y civiles cometidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la ciudad”.
La especialista subrayó que este acervo busca sentar las bases para una eventual rendición de cuentas. “No sabemos cuándo llegará ese momento, pero cuando exista la oportunidad de enjuiciar estos abusos, será fundamental contar con pruebas y testimonios”, afirmó.
Gzesh destacó el papel de organizaciones civiles y comunidades locales que han documentado operativos mediante grabaciones y acciones de observación ciudadana. Todo ese material, dijo, formará parte de un archivo que pretende contrarrestar versiones oficiales que, en algunos casos, han sido desmentidas bajo juramento por los propios funcionarios federales.
Como ejemplo, citó el caso del jefe operativo de la CBP en Chicago, Gregory Bovino, quien reconoció haber mentido previamente al justificar el uso de gas lacrimógeno durante un operativo. Asimismo, denunció que el Departamento de Seguridad Interna negó públicamente un incidente ampliamente documentado en el que agentes federales rociaron gas pimienta dentro del vehículo de una familia, pese a la existencia de videos y diagnósticos médicos que acreditan los hechos.
Durante la audiencia también participó la doctora Rohini Haar, integrante del Comité de Médicos de Naciones Unidas sobre los Protocolos de Estambul, quien señaló que en todos los casos revisados se trató de un uso excesivo de la fuerza. Recordó que tanto el gas lacrimógeno como el gas pimienta están clasificados como irritantes tóxicos y prohibidos en conflictos armados bajo la Convención sobre Armas Químicas, aunque su uso persiste en operaciones de control civil en Estados Unidos sin una regulación clara.
La comisión prevé realizar tres audiencias adicionales, cada una centrada en aspectos específicos de las operaciones federales, con la meta de presentar un informe oficial a finales de abril, que dé cuenta de los abusos documentados y del impacto de estas políticas en las comunidades afectadas.