- Con un presupuesto histórico para el ICE y la Patrulla Fronteriza, la Casa Blanca prevé intensificar redadas, detenciones y deportaciones, incluso en centros de trabajo, en medio de un creciente costo político y social de la estrategia
Washington, 21 de diciembre del 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encamina a poner en marcha en 2026 una de las políticas migratorias más agresivas de la historia reciente del país, respaldada por una inyección inédita de recursos federales que permitirá ampliar redadas, centros de detención y deportaciones a gran escala, incluso en sectores clave de la economía estadounidense.
Desde su retorno a la Casa Blanca, la administración ha desplegado agentes federales de inmigración en las principales ciudades del país, donde se han registrado operativos en barrios residenciales y episodios de tensión con comunidades locales. Aunque durante 2025 se realizaron redadas de alto perfil, el gobierno evitó en gran medida intervenir en granjas, fábricas y empresas estratégicas, altamente dependientes de mano de obra inmigrante sin estatus legal.
Presupuesto histórico para control migratorio
El escenario cambiará de manera sustancial tras la aprobación, en julio pasado, de un paquete de gasto impulsado por el Congreso de mayoría republicana, que asigna 170 mil millones de dólares adicionales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza hasta septiembre de 2029.
El monto representa un incremento sin precedentes frente a los presupuestos anuales actuales —estimados en alrededor de 19 mil millones de dólares— y permitirá contratar a miles de nuevos agentes, abrir centros de detención adicionales, aumentar arrestos en cárceles locales y subcontratar empresas privadas para localizar a inmigrantes sin estatus legal.
Crece el desgaste político
La expansión del plan de deportaciones ocurre en un contexto de señales claras de desgaste político. En Miami, una de las ciudades con mayor impacto por la política migratoria debido a su elevada población inmigrante, los votantes eligieron recientemente a su primer alcalde demócrata en casi tres décadas, un resultado que el propio alcalde electo atribuyó parcialmente al rechazo a la estrategia de Trump.
Encuestas nacionales y otros procesos electorales locales reflejan una inquietud creciente entre los votantes, que comienzan a percibir la política migratoria no sólo como un asunto de control fronterizo, sino como una posible vulneración de derechos civiles y del debido proceso.
“Cada vez más personas lo ven como una militarización extraconstitucional de los barrios”, señaló Mike Madrid, estratega republicano moderado. “Es, sin duda, un problema para el presidente y para su partido”.
El índice de aprobación de Trump en materia migratoria —tradicionalmente uno de sus bastiones— cayó del 50 por ciento en marzo al 41 por ciento a mediados de diciembre, tras la intensificación de los operativos en grandes ciudades.
Redadas y temor en comunidades inmigrantes
El malestar social se ha visto acentuado por la presencia de agentes federales encapuchados, el uso de gases lacrimógenos en zonas residenciales y la detención de ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios.
En varias ciudades, negocios cerraron de forma temporal para evitar redadas o ante la caída de clientes; familias dejaron de enviar a sus hijos a la escuela y algunos ciudadanos comenzaron a portar pasaportes como medida preventiva, en un clima de temor generalizado.
Deportaciones al alza y foco en centros de trabajo
A la par del endurecimiento operativo, Trump retiró el estatus legal temporal a cientos de miles de inmigrantes haitianos, venezolanos y afganos, ampliando de forma significativa el universo de personas susceptibles de deportación.
El presidente ha prometido expulsar a un millón de inmigrantes por año. Aunque la meta no se alcanzará en 2025, 622 mil personas ya han sido deportadas desde enero, de acuerdo con cifras oficiales. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, advirtió que las cifras “se dispararán enormemente” en 2026, cuando el ICE incremente su personal y capacidad de detención.
“Absolutamente habrá más acciones de aplicación de la ley en los lugares de trabajo”, afirmó.
Riesgos económicos y presión empresarial
Analistas advierten que el giro hacia redadas en empresas podría provocar un aumento masivo de detenciones con impactos directos en la economía, al elevar costos laborales y presionar la inflación, uno de los temas centrales rumbo a las elecciones legislativas de noviembre de 2026.
Aunque el sector empresarial ha evitado confrontar abiertamente a la administración, algunos especialistas consideran que esa postura podría cambiar si las redadas afectan directamente a los empleadores. Desde sectores conservadores, en cambio, se insiste en que las empresas deben ser parte del objetivo de la política migratoria.
Un eje central rumbo a las elecciones
Con las elecciones de mitad de mandato en el horizonte, la política migratoria vuelve a consolidarse como uno de los temas más polarizantes de la agenda estadounidense, con implicaciones directas para la gobernabilidad, la economía y el control del Congreso, en un país cada vez más dividido en torno al alcance y los límites del poder federal.
