- La mayoría de la 4T aprueba sin cambios el dictamen enviado por Diputados; oposición acusa centralización del control hídrico y afectaciones al sector agrícola.
Ciudad de México, 05 de diciembre del 2025.- El Senado de la República remitió anoche al Ejecutivo federal, para su promulgación, la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, luego de aprobar ambos ordenamientos sin modificación alguna. La votación se llevó a cabo en un proceso legislativo expedito que incluyó la dispensa de trámites y el respaldo del bloque mayoritario de la Cuarta Transformación.
Menos de 12 horas después de que la minuta fuera turnada por la Cámara de Diputados, el Pleno la aprobó con 85 votos a favor y 36 en contra, en un ambiente marcado por la confrontación entre la mayoría oficialista y los grupos parlamentarios de oposición.
Las bancadas guindas defendieron la reforma ante lo que calificaron como “mentiras y calumnias” de legisladores panistas y priístas, quienes argumentaron que la nueva legislación afectará a los productores agrícolas al limitar o impedir el uso y transmisión de concesiones de agua.
Para la fracción del PAN, las modificaciones hechas por Diputados a la iniciativa presidencial fueron insuficientes. Su coordinador, Ricardo Anaya, presentó una moción suspensiva —rechazada por la mayoría— y sostuvo que la nueva normativa otorga a Morena “el control del agua para concentrar más poder”. Agregó que la ley impedirá que los campesinos vendan sus parcelas junto con la concesión del recurso hídrico, lo que fue refutado por el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien leyó el artículo 49 de la legislación para demostrar que el nuevo propietario conservará los derechos asociados al uso del agua.
López Hernández acusó a los opositores de difundir información falsa y recordó que la mayoría legislativa otorgada en las urnas en 2018 respalda las decisiones del bloque oficialista.
Las priístas Paloma Sánchez y Mely Romero replicaron que la reforma tampoco permitirá heredar concesiones a familiares de ejidatarios y productores. No obstante, la morenista Andrea Chávez citó el artículo 37 Bis para evidenciar que la transmisión hereditaria sí está contemplada. La petista Lizeth Sánchez añadió que el marco legal garantiza la protección del patrimonio rural mediante procedimientos expeditos para herencias, compraventas y fusiones.
El PT y Morena insistieron en que la reforma busca “garantizar agua para todo el pueblo” y combatir prácticas de acaparamiento que calificaron como “hampa hídrica”. El senador Gerardo Fernández Noroña acusó a la oposición de defender intereses privados, mientras que Anaya amagó con revelar el nombre de un legislador de Morena al que adjudicó un número considerable de concesiones.
La sesión también estuvo marcada por el despliegue de mantas y consignas. Los senadores de Morena colocaron carteles con la frase “El agua es vida, no mercancía”; los del PRI, “Morena traiciona a los campesinos”; y el PAN exhibió: “Están expropiando el agua”. Legisladoras panistas como Mayuli Latifa Martínez y Verónica Rodríguez sostuvieron que la ley permite a la Federación “quitar, reducir o reasignar” volúmenes de agua, lo que —afirmaron— constituye una forma de expropiación. Morena respondió que dichas facultades ya existían en administraciones anteriores.
Todas las reservas presentadas por la oposición fueron rechazadas, por lo que la minuta fue aprobada sin cambios cerca de la medianoche. Desde la madrugada, la sede senatorial permaneció resguardada por un operativo de seguridad ante la posible llegada de productores agrícolas, lo cual finalmente no ocurrió.
