Ciudad de México, 21 de septiembre de 2025.- El derecho de autor es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice en su artículo 27 lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”
El sistema de derecho de autor que conocemos en la actualidad se remonta al Estatuto de la Reina Ana, aprobado en 1710 en Inglaterra. Este estatuto puede considerarse la primera regulación legal del derecho de autor. Con su implementación se asentaron los principios jurídicos que hoy sustentan los derechos de la propiedad intelectual.
“En la antigua Roma no existía nada remotamente parecido a los derechos de autor. En cuanto el escritor empezaba a ‘distribuir’ una nueva obra, el libro se consideraba ya del dominio público, y cualquiera podía reproducirlo. El verbo latino que hoy traducimos como ‘editar’ –edere– tenía en realidad un significado más próximo a ‘donación’ o ‘abandono’”
“Quién nos iba a decir que en tiempos de la gran Revolución Digital volvería a tomar fuerza la antigua idea aristocrática de la cultura como pasatiempo de aficionados. El viejo estribillo suena otra vez, repitiendo que si escritores, dramaturgos, músicos, actores, cineastas quieren comer deberían buscarse un oficio serio y dejar el arte para los ratos libres. En el nuevo marco neoliberal, y el mundo en la red -curiosamente, como en la Roma patricia y esclavista-, el trabajo creativo se reclama que sea gratuito.”
En lo personal, no sé si tenga que ver con el “marco neoliberal”, pero sí sé que son las corporaciones más ricas en la historia de la humanidad las que alientan el discurso de que la información debería ser libre y gratuita. Por supuesto, porque su modelo de negocio se basa en los contenidos gratuitos para poder vender publicidad.
En todo caso, el marco que regula las leyes de derechos de autor en todo el mundo es un tratado internacional conocido como Convenio de Berna, adoptado en 1886 y administrado en la actualidad por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.
El Convenio de Berna fue ya actualizado al entorno digital en 1996, mediante el denominado “Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor”, en el que básicamente se ratifican los mismos derechos para las publicaciones digitales que para las impresas.
En la actualidad la discusión se centra en la Inteligencia Artificial (IA). Aunque la IA llegó sin duda para quedarse, y veremos una mucho mayor interacción con estos sistemas día con día, hay todavía un cúmulo de dilemas éticos y legales por resolverse.
Uno de ellos tiene que ver con el uso de la IA. Si un texto ha sido escrito por completo por la IA, o si bien fue escrito por un ser humano con ayuda de la IA. Pero el principal problema con la IA sigue siendo de dónde se nutren estos sistemas.
El filósofo y docente Dardo Scavino escribe en Letras Libres un interesante artículo en el que señala que: “Ya desde Aristóteles los filósofos han cuestionado el lugar que las herramientas y los autómatas ocupan en las dinámicas de trabajo. En nuestros días, la antigua preocupación de que las máquinas hagan desaparecer algunos empleos se ha reeditado con la pregunta de si la inteligencia artificial se encuentra a nuestro servicio o nosotros al servicio de ella.”
Scavino nos explica que la inteligencia artificial, para poder funcionar, requiere nutrirse de gigantescas bases de datos de textos creados por el intelecto humano. Por ello afirma que: “IA no deberían ser las siglas de la inteligencia artificial sino del ingenio acumulado.”
Esta situación ha generado un encendido debate legal entre creadores y la industria editorial, por un lado, y los desarrolladores de sistemas de IA, por el otro. Uno de los casos más sonados en estos días es el de Anthropic, que es considerada una de las empresas privadas de inteligencia artificial más valiosas a nivel mundial.
La compañía fue demandada ante una corte de distrito en California por un grupo de autores, por haber descargado millones de libros piratas de fuentes ilegales para alimentar sus sistemas de IA. El profesor Jonathan Barnett, especialista en derecho de autor de la Universidad del Sur de California, explica que este caso podría resultar histórico por más de una razón.
Antes de entrar a juicio, Anthropic se mostró dispuesta a llegar a un acuerdo para pagar lo que, de ser aprobado por el juez, sería el acuerdo en derechos de autor más grande de la historia: mil quinientos millones de dólares. Sí, leyó usted bien.
De acuerdo con Barnett, la disposición de Anthropic para llegar a un acuerdo sugiere un cambio en el equilibrio de poder entre los titulares de derechos de autor y los desarrolladores de sistemas de IA.
Maria Pallante, presidenta ejecutiva de la Asociación de Editores de Estados Unidos (AAP), declaró que su asociación “respalda la propuesta de acuerdo en la demanda colectiva Bartz contra Anthropic, mediante la cual Anthropic pagará al menos 1,500 millones de dólares para resolver las demandas por infracción de derechos de autor relacionadas con la piratería masiva de libros y destruir las obras que obtuvo mediante torrent o que descargó de los conjuntos de datos pirateados LibGen o PiLiMi. El acuerdo propuesto transmitirá a todas las empresas de Inteligencia Artificial (IA) el importante mensaje de que copiar libros de bibliotecas fantasma u otras fuentes piratas para usarlos como base de sus negocios tiene graves consecuencias.”
Si no queremos regresar a las condiciones de la Roma patricia y esclavista, es fundamental el respeto de los derechos humanos y la propiedad privada.
Las cuestiones éticas no dependen de la mayoría, de la costumbre o del contexto social. Como decía San Agustín: «Lo que es justo sigue siendo justo, aunque nadie lo practique; lo que es injusto sigue siendo injusto, aunque todos lo practiquen.»
Con información de: El Universal
