Ciudad de México, 17 de septiembre de 2025.- La Cámara de Senadores recibió de manera oficial dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por las que propone reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia de transferencia de tecnología y para simplificar el proceso de protección de patentes y registros.
Respecto de la primera iniciativa presidencial, la exposición de motivos consigna que los cambios pretenden agilizar el juicio de amparo, reducir la impunidad y fortalecer en general las instancias judiciales.
Plantea la necesidad de establecer de manera expresa que se afecta el interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión definitiva en el juicio, se permita la continuación de actos, operaciones o servicios posiblemente relacionados con lavado de dinero o que obstaculicen las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); o cuando se impida que la citada Unidad, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), requiera, obtenga o disemine información financiera para la prevención y detección del lavado de dinero o conductas ilícitas relacionadas.
La medida busca fortalecer la capacidad del Estado mexicano para investigar y contener el flujo de recursos de origen ilícito y los efectos económicos negativos para el erario público.
“No obstante, la modificación respeta el mínimo vital de las personas afectadas, aún con las cuentas congeladas y garantiza el acceso a recursos para cubrir necesidades esenciales como salarios, pensiones y vivienda, sin poner en riesgo la efectividad de las medidas”, precisa.
Sugiere establecer que la medida cautelar de suspensión provisional nunca procederá en los casos descritos, en tanto que la suspensión definitiva sí podrá concederse para permitir el uso de los recursos que se encuentran en las cuentas inmovilizadas siempre que se acredite su licitud.
“De esta forma, se permite un margen de protección judicial cuando el dinero no provenga de actividades ilícitas”, detalla.
Los cambios, amplía, tienen como fin mejorar y perfeccionar el juicio de amparo para hacerlo ágil, sencillo y de fácil tramitación, más social y accesible a la mayoría de los mexicanos.
Para sustentar la necesidad de fortalecer el marco jurídico, el documento refiere que del 1 de diciembre de 2018 al 1 de agosto de 2025 fueron promovidos 3,659 amparos para reclamar a la UIF la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
En términos generales, cita el proyecto, se han desbloqueado -vía el mecanismo de amparo en su modalidad de suspensión provisional o definitiva- cuentas con montos asociados que ascienden a 27,000 millones de pesos, que representan 54.4% del total de montos bloqueados.
“En los últimos dos años (2023 y 2024) se han desbloqueado montos por el mecanismo de amparo en su modalidad de suspensión provisional o definitiva, que asciende al 86.3% y 72.3% del total de montos bloqueados inicialmente’’.
Inteligencia Artificial
La segunda iniciativa presidencial propone reformar 217 artículos, adicionar 23 y derogar 6 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, de manera destacada para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA).
“La ausencia de una regulación específica que prevea como supuesto de infracción de los derechos de propiedad industrial, cuando a través de la inteligencia artificial se genera contenido engañoso, se falsifica o se apropia de algún signo distintivo o patente, permite que se generen prácticas desleales en detrimento de las personas titulares de derechos y de la economía nacional.
“Por lo tanto, en aras de lo establecido tanto en la Constitución (…) como en tratados internacionales, con el fin de proteger a las personas titulares de derechos y consumidoras y de fomentar la innovación y la competencia leal, es que se añade a la Ley una disposición específica sobre el uso riesgoso de inteligencia artificial con el propósito de garantizar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la protección de los derechos de propiedad industrial, evitando un uso abusivo de las nuevas herramientas tecnológicas en perjuicio del principio de legalidad y seguridad jurídica”, cita la iniciativa.
Precisa que la regulación no implica coartar el uso de la inteligencia artificial, sino establecer un parámetro para su uso responsable y justo, respetando los principios de transparencia, ética y responsabilidad.
Si bien el desarrollo de la IA tiene como objetivo la creación de mejoras que faciliten la vida de sus usuarios, refiere, es tarea del Estado mexicano como garante de los derechos promover y regular que su uso de acuerdo con principios y bases que eliminen riesgos que supongan la violación de derechos y, en caso de que se actualice un mal uso de la herramienta, se cuente con disposiciones que permitan al Estado, a través de sus instituciones, restablecer los derechos de quienes hayan sido afectados.
La capacidad que tiene la inteligencia artificial de generar contenido, diseñar productos, replicar marcas y automatizar procesos de toma de decisiones si bien ha traído beneficios significativos, ha generado nuevos desafíos en materia de propiedad industrial, detalla el documento.
Con información de: Economista
