- Tribunal Superior de Justicia del Estado deberá suministrar el registro nacional, el cual es público
Pachuca de Soto, Hgo., 15 de julio del 2025.- En el marco de la sesión ordinaria 97 del Congreso del Estado de Hidalgo, la diputada Karla Perales impulsó una iniciativa que faculta al Tribunal Superior de Justicia a suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar de forma mensual, la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias para integrar el Registro Nacional. Asimismo, pidió de manera respetuosa a las demás entidades, legislar en la materia para que el Registro Nacional comience a operar.
La presidenta de la primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia, Karla Perales, refirió que “derivado de las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desde septiembre del 2023, por el que se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, se establece que los congresos locales y los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas deben adecuar el marco normativo correspondiente”, agregó la legisladora de Movimiento Ciudadano.
“Este es uno de los muchos asuntos que debemos tomar con seriedad, porque la responsabilidad alimentaria de los padres no solo implica el derecho básico de alimentación, significa la garantía de un entorno seguro, estable y propicio para el desarrollo emocional, social y académico de la niñez. Que no se pierda de vista que la falta de recursos puede llevar a situaciones de vulnerabilidad extrema, haciendo que las hijas e hijos, en su desesperación, busquen formas de salir de su dolor, como el consumo de drogas o, lamentablemente, el suicidio. Además, el estrés constante de la pobreza hace que, desde una edad temprana, sientan que tienen que asumir responsabilidades que no les corresponden, como mantener a la familia”.
Para finalizar, la diputada Karla Perales mencionó: “lo que para muchos es un asunto íntimo o privado, termina por convertirse en un problema de carácter público. Este incumplimiento masivo de pensiones alimenticias debilita el desarrollo infantil, genera rezagos educativos y de salud, además, perpetúa brechas de género. Hablar de pensión alimenticia no recae en asuntos domésticos ni de rencores personales, significa hablar de derechos humanos”.
