Expertos piden que Ley Contra la Extorsión considere coordinación, controles y rendición de cuentas
Ciudad de México, 13 de julio de 2025.- La nueva Ley General Contra la Extorsión, anunciada por el gobierno federal, debe definir con claridad las diferentes variantes de ese delito, así como las responsabilidades de las distintas autoridades obligadas a combatirlo, establecer la obligación de coordinarse y rendir cuentas, particularmente sobre el uso de información personal de los ciudadanos y los controles necesarios para evitar abusos, plantearon especialistas consultados por este periódico.
La extorsión, en su infinidad de variantes, es un delito de alta frecuencia, con una tendencia al alza desde hace 10 años y muy baja denuncia, en la que los delincuentes establecen una relación totalmente asimétrica con sus víctimas basada en la dominación psicológica y fatalista.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2023 se cometieron cuatro millones 900,000 delitos de extorsión, lo cual significa que cada día más de 13,000 personas son extorsionadas.
En tanto, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, muestra que, en 2023, la extorsión fue el delito más frecuente, con 747,000 actos de ese tipo, con una tasa de 1,562 extorsiones por cada 10,000 unidades económicas, correspondientes a 25.5% del total de delitos cometidos. 15.2% de las extorsiones ocurrieron en la calle establecimiento o cobro de piso y en 67% de los casos se entregó lo exigido por los delincuentes.
El pasado 8 de julio, la presiden Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el delito de extorsión no se ha podido disminuir y sigue aumentando.
De acuerdo con cifras oficiales, si bien entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2025 se pudo disminuir la incidencia de delitos como feminicidio, lesiones dolosas con arma de fuego, secuestro, robo con violencia, robo a casa habitación, robo de vehículo, robo a transportista, robo a transeúnte, robo a negocio y otros robos con violencia, en el caso de la extorsión, se incrementó 27.7% al pasar de 23.93 a 30.55 en el promedio de delitos diarios.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de extorsión por cada 100,000 habitantes pasó de 5.33 en 2018 a 7.73 en 2024.
Datos de la consultora Lantia, muestran que durante los últimos 10 años el delito de extorsión mostró una tendencia al alza.
Las denuncias de este delito pasaron de 1,478 en el primer trimestre de 2015 a 1,780 en el cuarto trimestre de 2018. Luego escaló hasta superar los 3,000 en el segundo trimestre de 2022. En el cuarto trimestre de 2024 ese indicador se colocó en 2,552.
Tan solo entre el cuarto trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2024, el número de denuncias se incrementó 43%.
Así lo planteó Eduardo Guerrero, director de esa consultora, en marzo pasado, al dictar la conferencia “Panorama general del crimen organizado en México”, en El Colegio de México, donde destacó que solamente 1.5% de las víctimas denuncia.
Dijo que los montos de las personas extorsionadas son monstruosos si se consideran los datos de la encuesta de victimización del Inegi.
Más de 97% de esos delitos no se denuncia y cuando se hace solo en 0.3% se recupera lo despojado por los delincuentes
Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, del Inegi, refiere que el segundo delito más frecuente en el país es la extorsión (representa 19.6% de los delitos) con una tasa de incidencia de 6,213 por cada 100,000 habitantes. En 2022 era de 5,057, lo que indica que está creciendo.
Además, es el segundo delito con más cifra negra. En 2022 se calculaba en 97.4% y en 2023 96.7%.
En ese sentido, un análisis realizado por el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, señala que, a partir de los resultados de la ENVIPE, en 2021 se cometieron cuatro millones 910,206 extorsiones en hogares. Se denunciaron solamente 246,138 casos, pero solo en 52.4% se inició una carpeta de investigación.
De los casos denunciados y que derivaron en carpeta de investigación, en 59.6% no pasó nada y 26.3% seguía en trámite al momento de hacer el ejercicio.
En 2.8% de los casos denunciados y que derivaron en carpeta de investigación, se logró poner al delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón y apenas en 0.3% de los casos se logró la recuperación de los bienes. En ninguno de los casos hubo reparación del daño.
Para el especialista, claramente la extorsión no es prioridad para el personal de seguridad pública local y federal, pues según datos del CNSPE y del CNSPF, las policías locales pusieron a disposición a 481 presuntos delincuentes relacionados con ese tipo de delitos y la Guardia Nacional puso a disposición a cinco presuntos delincuentes en 2021.
Por otra parte, la consultora Lantia, cuenta con datos de balaceras a negocios, las cuales muestran una clara tendencia al alza. En 2015 fueron 787; en 2018, 2,420 y en 2024 7,951.
Para su director, Eduardo Guerrero, lo relevante de esas cifras es que esos hechos están vinculados estrechamente al delito de extorsión. “Si no pagas derecho de piso, generalmente, primero te avisan con un rafagueo en la fachada de tu negocio; si sigues sin pagar, te incendian el negocio y si sigues sin pagar, te empiezan a matar empleados y al gerente del negocio y si sigues sin pagar, matan al dueño del negocio”.
Poder de fuego y diversificación de actividades delictivas explica su acelerado crecimiento
El especialista destacó que la extorsión y “cobro de piso”, es uno de los cinco delitos con mayor gravedad que enfrenta el país. Los otros son el homicidio doloso, la desaparición forzada cometida por particulares, la violencia de género y feminicidios y el robo y asalto en carretera.
En el análisis “Propuesta para recuperar la seguridad y la paz en México”, contenido en el libro “Ante la situación actual: reflexiones y propuestas 2024-2030”, editado por la UNAM en 2024, Eduardo Guerrero expone que el cobro de piso se explica por el fenómeno de diversificación de las actividades en las que participan grupos criminales con alto poder de fuego, ya sea porque se han quedado sin los ingresos producto del narcotráfico internacional o bien porque aprovechan su poder para incursionar en otros giros delictivos.
Para el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, el marco jurídico actual, (al menos hasta antes del paquete de reformas aprobadas hace unos días en el periodo extraordinario del Congreso) ignora afectaciones al simplificar a la extorsión como mero delito patrimonial.
El especialista recalca que hay territorios del país donde ocurren múltiples tipos de extorsión y los daños materiales y no materiales impactan en la salud, la economía de las personas y en las comunidades.
Asimismo, enfatiza que el tipo penal, que data de 1984 no toma en cuenta modalidades tecnológicas y estrategias que hoy usan los delincuentes ni toma en cuenta los daños colaterales.
Subraya que el atraso normativo, la baja denuncia y las capacidades institucionales rebasadas generan impunidad.
Lanzan estrategia nacional contra la extorsión
El pasado 6 de julio el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión para prevenir y proteger a la población de este delito, basada en cinco ejes: generar detenciones mediante investigación e inteligencia; fomentar la creación de unidades antiextorsión locales; aplicar el protocolo de atención a víctimas; capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación e implementar una campaña de prevención nacional.
Dos días después, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para dotar al poder Legislativo de facultades para expedir una Ley General contra la Extorsión, con la cual se busca perseguir de oficio ese delito en todo el país.
“Para que pueda haber una Ley General contra la Extorsión tiene que modificarse la Constitución en las atribuciones del Congreso (…) Se modifica la Constitución, se hace una Ley General contra la Extorsión y todos los estados deben hacer sus leyes de acuerdo con la ley general”, explicó.
Todavía no se conoce el contenido de la iniciativa, la cual es una demanda de diversos sectores del país, particularmente de empresarios.
La Coparmex ha señalado que los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando a empresas, pequeños negocios y la población en general, incluidos migrantes. Bajo la apariencia de “protección”, imponen pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos. También hay servidores públicos que exigen sobornos para evitar sanciones.
Además, ha señalado que uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales, pues en algunos estados, se clasifica como “abuso de confianza” o se revictimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones. Además, la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales y la FGR impide respuestas efectivas.
Según esa organización empresarial, actualmente, existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los códigos penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas.
Mínimos exigibles a la Ley General contra la extorsión
Por su parte Raúl Sapién, presidente Jurídico y de Relaciones Políticas del CNSP manifiesta que es una buena señal que desde el gobierno se pretenda contar con una Ley General contra la Extorsión.
Sin embargo, llamó la atención en que el proceso se concluya lo antes posible y no pase con la ley de extorsión lo que ocurrió con la Ley General en materia de Seguridad Privada que a pesar de que se reformó el artículo 73 constitucional para que el Congreso de la Unión pudiera emitir esa ley, han pasado tres años y eso no ha ocurrido.
En su opinión lo valioso de contar con una ley general es que, posteriormente, los congresos locales podrán hacer los ajustes necesarios en su legislación para que estén en sintonía con la nacional.
Refiere que actualmente hay estados en donde se llega al absurdo de que para que proceda una denuncia por extorsión la víctima debió haber entregado el dinero o lo exigido por el extorsionador.
En entrevista, Francisco Rivas expone que debe definirse con claridad qué es la extorsión con el fin de que, cuando las legislaciones locales se modifiquen para estar en sintonía con la Ley General no dejen fuera ciertas conductas delictivas.
Cita casos como Nayarit, que no contempla en su código penal la extorsión y en dónde sí se considera en la legislación local, las penas y tipos de conductas que contemplan como extorsión es muy diversa.
Además, remarca que se debe definir claramente cuáles son las responsabilidades de federación y estados.
Armando Vargas, coordinador de Seguridad en México Evalúa, llama la atención en distinguir entre la extorsión directa e indirecta, es decir, la que sucede en tierra y la que se comete de manera remota.
En entrevista indicó que la extorsión directa requiere trabajo en tierra, es decir inteligencia y presencia policial, así como la sistematización de información levantada por las autoridades y denuncias ciudadanas.
En ese sentido, se requiere de una ley que incentive a cada municipio a contar con una unidad que atienda a este delito en específico y que por ley esté obligada a compartir dicha información con el gobierno de su estado y la federación. “Claro, para esto se necesitan más policías municipales y por lo tanto dicha ley debería contener mecanismos para financiar la contratación y capacitación de más policías”, enfatiza.
Por otra parte, menciona que cualquier ley en la materia debe evitar caer en el combate frontal a esta actividad, porque si bien es cierto, muchos extorsionadores pertenecen a organizaciones con poder real de fuego, muchos otros no, son bandas más bien locales o familias que se han dedicado a esto siempre, por tanto, se necesita capturar y desmontar a la célula completa y no solamente capturar o anular al autor material de la extorsión, ya que esta es una pieza relativamente fácil de reemplazar en el engranaje de la extorsión.
Finalmente, cuando la extorsión directa sí está asociada a una organización con poder de fuego, la ley debe considerar protocolos de coordinación las Fuerzas Armadas para que sean éstas las que enfrenten a los extorsionadores, pero el caso sea construido con información levantada por la policía del municipio.
Por otra parte, Cristina Reyes, directora de Litigio estratégico de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) considera que es relevante que se haya reconocido que se trata de un delito que debe atacarse desde distintas perspectivas y que es necesaria una colaboración tanto de autoridades federales como locales.
Sin embargo, recalca que es necesario que la nueva Ley General Contra la Extorsión contemple mecanismos claros de cooperación y delimitación de acciones entre las autoridades federales y estatales.
Además, controles, sobre todo para asegurarse que la información a la que tengan acceso las autoridades y el uso de los instrumentos que se pondrán a su disposición no se utilicen para otros fines como violaciones a derechos humanos, espionaje o persecución política.
Considera que es importante diseñar estrategias claras para la intervención de comunicaciones, bloquear líneas telefónicas, así como para utilizar datos personales en la persecución de delitos, pero bajo ciertos controles judiciales y ministeriales, e incluso susceptibles de supervisión civil.
Además, contemplar un esquema de rendición de cuentas sobre la implementación de estrategias para la persecución del delito, por ejemplo, para que las fiscalías expongan cuáles fueron los resultados sobre el uso de los instrumentos que dispondrán para realizar su trabajo.
Dice que si bien el fin de semana pasado se presentó una estrategia nacional contra el secuestro, lo que falta es saber en qué medida van a participar las autoridades involucradas. Por ejemplo, no queda clara la participación de las secretarías de Defensa y Marina, así como del Centro Nacional de Inteligencia y cómo funcionarán los controles civiles que deben respetar.
Por otra parte, dice que si bien se definieron como prioritarios los estados de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, así como Ciudad de México, dado que, se dijo, ahí ocurre 66% de las extorsiones, debe tomarse en cuenta que esa cifra se sacó con base en el número de carpetas de investigación iniciadas y que en ese delito hay una cifra negra muy elevada.
Raúl Sapién, considera que, es necesario se tomen en cuenta iniciativas que ya están en el congreso como la que busca reformar el artículo 390 del Código Penal Federal para que se contemple la tentativa de extorsión y tenga agravantes cuando se cometa contra niños, mujeres o personas con discapacidad o adultos mayores y otra que busca reformar el artículo constitucional 20 para que no exista beneficio de preliberación para personas procesadas por extorsión.
Además, debe contemplar los procedimientos para garantizar los derechos de la víctima y evitar que no sufra represalias por atreverse a denunciar.
Dice que una vez que el gobierno federal reconoció la gravedad del problema y ha mostrado disposición para atacarlo, es necesario hacer obligatorio el registro nacional de usuarios de telefonía celular, con el fin de identificar a los propietarios de quienes usan esos aparatos para cometer extorsión.
Además, utilizar la experiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para atacar el flujo de dinero relacionado con extorsión.
Además, contemplar acciones para evitar que se cometan extorsiones telefónicas desde cárceles.
Necesario reforzar capacidad de policías
Una vez que se tenga la Ley general y las leyes locales en consonancia con la misma, tendrá que diseñarse e implementarse una política nacional contra la extorsión.
Al respecto, Francisco Rivas propone modificar los procesos para que no sea necesaria la denuncia ciudadana, ni la ratificación para detonar una investigación.
Dice que actualmente solo algunos estados han reformado sus códigos locales para que las autoridades puedan actuar sin necesidad de una denuncia formal de un ciudadano. Es el caso de Guanajuato, Coahuila, Baja California Sur.
Luego, establecer con claridad los derechos de la víctima de extorsión. Por ello es necesario dejar perfectamente claro la responsabilidad que tiene el estado ante las víctimas de extorsión.
Además, tomar en cuenta que una parte importante de las extorsiones están relacionadas con el espacio virtual y el uso de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones.
Eso implica tener muy presente la extorsión que se hace utilizando inteligencia artificial o suplantación de sitios en internet o de identidad en cuentas en plataformas o redes sociales.
En su opinión debería tomarse en cuenta la experiencia que dejó la implementación de la ley de combate al secuestro, mediante la cual ese delito se hizo concurrente y entonces ya no pueden echarse la bolita autoridades diciendo a mí no me toca porque no es ámbito de mi competencia.
Todo ello implica invertir mucho más presupuesto que el que se destina hoy para esas tareas, pues hoy tenemos un sistema de procuración de justicia absolutamente colapsado.
Con información de: El Economista