Ciudad de México, 11 de julio de 2025.- El Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito revocó las medidas cautelares impuestas por una jueza de control, que incluían la prohibición de que Jorge Luis González Valdez ejerciera el periodismo durante dos años y que fuera bajada la página web del periódico Tribuna.
El pasado 14 de junio, la jueza Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso penal al comunicador citado, por su presunta responsabilidad en el delito de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora Layda Sansores San Román.
La jueza también ordenó que el exdirector del diario dejara de ejercer el periodismo por dos años y que la plataforma digital mediante la cual Tribuna —periódico fundado hace 50 años— difundía contenidos, fuera cerrada de manera definitiva.
Ayer, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito consideró que es inconstitucional vulnerar derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el acceso a la justicia.
Resolvió también que ordenar la cancelación de actividades de difusión del medio de comunicación y la prohibición del periodista a ejercer su profesión trasgredían los derechos humanos protegidos por los articulo 5, 6 y 7 de la Constitución.
Los integrantes del Tribunal coincidieron en que las restricciones impuestas por la jueza de control carecían de proporcionalidad, pues pudieron haberse dictado otras medidas menos lesivas, para proteger a la presunta víctima.
El resolutivo fue aprobado por unanimidad por los magistrados Christian Omar González Segovia, Miguel Ángel González Escalante y Gilberto Noé Martín Pat Betancourt, este último en calidad de ponente, bajo la certificación de la secretaria del Tribunal, María del Rosario Franco Rosales.
Ayer, en entrevista con medios locales, Jorge Luis González Valdez dijo que durante sus 50 años de carrera, constantemente había sido invitado a comidas que realizaba Layda Sansores, incluso cuando fue alcaldesa de Álvaro Obregón; pero desde hace cuatro años, cuando llegó al Gobierno de Campeche, ha vivido “un inferno”, por las demandas que han sido presentadas en su contra por presunta incitación al odio en contra de la mandataria estatal y por supuesto daño moral.
La primera demanda, recordó, fue interpuesta por el vocero del Gobierno de Campeche, Walter David Patrón Bacab, y estuvo motivada en una publicación en el diario Tribuna sobre una acusación que hizo la ahora exalcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, contra Layda Sansores, por presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración en la demarcación capitalina.
Con información de: La Razón
