Ciudad de México, 07 de julio de 2025.- El nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciará labores en septiembre próximo con vacíos legales para la designación de más de 800 puestos vacantes, lo que provocará un atorón en los procesos de impartición de justicia, a decir de los juzgadores que se disponen a dejar sus cargos.
El próximo 1 de septiembre, 869 puestos del PJF, entre juzgadores y trabajadores de distintos niveles que decidieron adelantar sus jubilaciones y retiros a partir de la presentación de la reforma judicial, estarán vacantes y, hasta ahora, se desconoce la manera en que el naciente Órgano de Administración Judicial definirá quién ocupará esos espacios, ante el riesgo de que pueda volverse un proceso discrecional.
Entre enero del 2024 y mayo del 2025, dicha cantidad de trabajadores decidió dejar sus cargos de manera adelantada. De esa cifra, hasta mayo, había 205 secretarios en funciones de jueces y magistrados, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
- 881 cargos se eligieron en las pasadas elecciones del PJF
Al número de 869 cargos que estarán vacantes a partir de septiembre, de quienes podían mantenerse en el cargo hasta 2027 pero lo rechazaron, se sumarán los que podría determinar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que no sea posible cubrir, respecto a los espacios que quedaron desiertos luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) declarara inelegibles a 46 aspirantes por no cumplir con los requisitos para ocupar un cargo.
A pesar de los espacios vacantes, en la reforma judicial no se establece la manera en que serán cubiertos y tampoco en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual se reformó en diciembre pasado.
En ella sólo se señala, en el transitorio 29 del artículo 80, que dentro de las atribuciones del Órgano de Administración Judicial se encuentra nombrar a interinos ante la ausencia de magistrados de circuito o jueces de distrito.
Laurence Pantin, cocoordinadora del Observatorio de la Justicia de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, advirtió que, si las reglas para nombrarlos no están claramente establecidas de antemano, se dará paso a la discrecionalidad, pues si los pueden nombrar y quitar a discreción, esto podría influir en sus decisiones.
“Esto, lo que podría fomentar, es una proliferación de personas juzgadoras nombradas para periodos temporales, donde su permanencia en el cargo podría depender de si cumplen con las expectativas de las autoridades del Órgano de Administración Judicial, y en particular, digamos, que dependa del tipo de decisiones que estén tomando”.
Actualmente, dichos cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito son suplidos por secretarios de juzgado definidos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJ) que cuentan con carrera judicial.
La legislación que estará vigente hasta el 31 de agosto próximo establece la existencia de listas acreditadas para poder sustituir tanto a magistrados como a jueces ausentes. Sin embargo, dichos encargos concluirán el último día de agosto.
Tampoco hay claridad en la legislación en torno al momento exacto en que deben designarse los integrantes del Órgano de Administración Judicial.
La Constitución establece que las cinco personas que integrarán el pleno deben iniciar sus funciones el mismo día en que los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial tomen protesta; es decir, el 1 de septiembre.
También menciona que, de los cinco funcionarios públicos que lo integren, uno será designado por la Presidencia de la República, otro por el Senado y los tres restantes por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La magistrada María Emilia Molina, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, considera que, si dichos nombramientos se realizan hasta el 1 de septiembre, habrá un primer momento de paralización de la justicia, pues entre sus facultades se encuentra también realizar las adscripciones de las 881 personas electas; es decir, colocar a cada uno de ellos en el órgano jurisdiccional que le corresponda, y cuyo plazo, señala la Constitución, es el 15 de septiembre.
“En el mejor de los casos, tendremos la justicia funcionando hasta los últimos días de agosto. Pero en septiembre no vamos a tener justicia. Hay criterios que yo no sé ya si vayan a ser obligatorios o no en el próximo Poder Judicial, pero que hasta las reglas que tenemos hoy dicen que no puede haber tantos días sin que se celebren audiencias”, advirtió.
Cabe señalar que, en órganos como son los tribunales colegiados de apelación o los de circuito, no es posible sesionar y resolver asuntos si no hay tres personas juzgadoras.
Asimismo, hay otros órganos jurisdiccionales, como los tribunales laborales o los centros de justicia penal federal, que no pueden seguir funcionando si no están todas las personas juzgadoras en funciones.
Joel Ojeda Romo, quien se desempeñó 32 años como juzgador federal y quien recientemente interpuso una licencia prejubilatoria que aplicará durante el periodo de julio y agosto, para posteriormente iniciar su retiro anticipado, explica que su suplente no podrá listar nuevos asuntos durante dos semanas, periodo en el que se notifica a las partes en un juicio respecto a la llegada del nuevo juzgador, lo que genera retrasos en los procesos.
“Hay que dar unos días para ver si las partes en el juicio piden interponer algún tipo de impedimento para que el juzgador vea su caso. Se les da vista a las partes, son de tres a cinco días, pero el juzgador no podrá listar aproximadamente en dos semanas”, mencionó.
Con información de: La Razón
