La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) es un relato de traición a México, una red de corrupción que unió al poder político con el empresarial para perpetrar el mayor saqueo económico del país. Creado en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para dar liquidez a bancos privatizados, el Fobaproa se convirtió en un mecanismo de rescate de deudas privadas que, bajo la administración de Ernesto Zedillo, dejó una deuda pública que en 2023 alcanzó los 1.09 billones de pesos.
Lo que comenzó como un fideicomiso privado, administrado por el Banco de México, derivó en un esquema que benefició a una élite a costa de millones de mexicanos, mientras la pobreza crecía y la economía colapsaba.
El origen del desastre se remonta a la política neoliberal de Salinas, cuya contención artificial del tipo de cambio provocó una fuga masiva de capitales. En diciembre de 1994, Zedillo, exdirector del Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (FICORCA), devaluó el peso de forma discrecional, avisando solo a un selecto grupo de empresarios.
El “error de diciembre” desató el “efecto tequila”: la moneda cayó de 3.4 a 9.4 pesos por dólar, las tasas de interés se dispararon, la cartera vencida creció un 150% y 17 millones de personas se sumaron a los 64 millones en pobreza entre 1994 y 1996.
Mientras familias y pequeñas empresas quebraban, Zedillo endeudó al país con 50 mil millones de dólares del gobierno de Estados Unidos y el FMI, acelerando privatizaciones y rescatando a bancos como Bancomer, Banamex y Santander Mexicano, cuyos pagarés, equivalentes al 11% del PIB, fueron absorbidos por el Fobaproa.
En 1998, con votos del PRI y el PAN, la deuda privada se convirtió en pública, pasando de 552 mil millones de pesos a 705 mil millones en 2000. Entre los beneficiarios destacaron figuras como Vicente Fox, Carlos Hank Rhon, Ricardo Salinas Pliego y Claudio X. González Laporte, muchos ligados a campañas políticas del PRI.
La Comisión Investigadora del Senado en 2005 calificó al Fobaproa como un “despojo”, detectando fraudes, tráfico de influencias y conflictos de interés, pero la impunidad prevaleció. Incluso Carlos Salinas, en su libro La década perdida, llamó al Fobaproa una “capitulación” ante intereses extranjeros.
Hoy, tras pagar más de 1.37 billones en bonos del IPAB, la deuda sigue creciendo, un recordatorio doloroso de un sistema que priorizó a unos pocos mientras México pagaba el costo.
