Ciudad de México, 02 de mayo del 2025.- Del acervo de mil 932 obras propiedad de los bancos que rescató hace 31 años el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el gobierno de México apenas logró quedarse con menos de 10 piezas que actualmente resguardan museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El resto de las obras fue malbaratada en subastas públicas. En 1994, el total de esa colección estaba cotizada en 79 millones de pesos, pero fue rematada en unos 11 millones, apenas 14 por ciento de su valor. Años después, especialistas calculan que la llamada colección Fobaproa valdría varios millones de dólares.
Cuando estalló el escándalo del rescate bancario que promovió Ernesto Zedillo fue un secreto a voces que algunos banqueros, antes de declararse en bancarrota, ocultaron sus obras de arte más valiosas para que éstas no formaran parte de sus activos a subastar. Se dice, incluso, que algunos se atrevieron a sacar del país piezas consideradas patrimonio nacional.
Lo cierto es que nadie ha vuelto a ver las obras de arte que se vendieron y que convocaron a un buen número de curiosos, más atraídos por el morbo de conocer las posesiones artísticas de banqueros como Carlos Cabal Peniche y Ángel Isidoro Rodríguez El Divino, que por apreciar el trabajo de algunos de los pintores más importantes del país, como reconoció el galerista Louis Morton.
En el mejor de los casos, una parte importante del patrimonio artístico de México, adquirido en un principio para adornar las oficinas e inmuebles de los banqueros beneficiados por el salinismo, se encuentra ahora en colecciones privadas, no obstante que muchas piezas fueron compradas con el dinero de los ahorradores.
De las 171 que se catalogaron como obras de arte importantes, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura federal) logró quedarse con dos cuadros de José María Velasco (Vista de Guelatao, 1889, y Paisaje de Vallenfreda, 1861) que estaban en propiedad de Banco Unión, así como un medallón con relieve de Emmanuel Tolsá, realizado en 1799 en calamina con baño de oro de 24 quilates, destinados al Museo Nacional de Arte (Munal), mientras dos piezas de arte sacro del siglo XVIII se fueron al Museo Nacional del Virreinato.
Retrato de mujer (1934), de David Alfaro Siqueiros, valuada en 150 mil dólares en 2002, fue solicitada ese año en donación por la SEP. Esta obra, que fue parte del patrimonio de Banpaís, en 1999 fue depositada en el Munal debido a que el Fobaproa no contaba con las instalaciones necesarias y adecuadas, así como con el personal calificado para guardar, conservar y vigilar obras con valor artístico y comercial de relevancia. Asimismo, esto permitiría que las obras fueran exhibidas al público en general.
El Instituto Nacional de Bellas Artes decidió no negociar para que las obras que se consideraban importantes quedaran en custodia de sus museos porque no nos interesa la obra gráfica, sino la pintura original, argumentaron entonces las autoridades. Fue así que quedó en las bodegas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a la espera de ser vendida El hombre en rojo, litografía de la serie que Rufino Tamayo donó para la fundación de La Jornada, justo la número 100 de 100, y que había aparecido en las oficinas de Banco Unión.
Cifras inconsistentes
De acuerdo con una investigación realizada por La Jornada en 2007, los datos del IPAB revelaron inconsistencias tanto en las cifras del dinero obtenido por la venta de ese patrimonio como en el número real de obras de arte que fueron objeto del proceso de venta de activos de Banco Unión, Banca Cremi, Banco Obrero, Banco de Oriente, Banco Promotor del Norte, Banpaís, Grupo Financiero Capital y Estrategia Bursátil Casa de Bolsa.
En su inventario, de esas mil 932 obras el IPAB catalogó sólo 171 piezas como obras de arte importantes (óleos, acuarelas, mixtas, litografías, mixografías, esculturas, etcétera), de autores como Rufino Tamayo, Juan Soriano, Carlos Mérida, Carmen Parra, Vicente Rojo, Luis Nishizawa, Manuel Felguérez, Mathias Goeritz y Francisco Toledo, entre otros.
Todo se remató en siete subastas, a precios muy por debajo de su costo real. Las ventas fueron organizadas por la galería especializada Louis C. Morton. La primera se realizó el 10 de agosto de 2000, donde se vendieron 236 unidades en 4 millones 950 mil pesos. Las cuatro siguientes, efectuadas en 2001, recaudaron en conjunto 4 millones 161 mil 709 pesos, mientras en 2002 se realizaron dos subastas cuyas ventas fueron de apenas un millón 556 mil 260 pesos, de acuerdo con los datos del IPAB, los cuales no coinciden del todo con los informes anuales que en su momento presentó la propia institución.
El IPAB justificó la poca recaudación de dinero en su reporte de actividades de 2001 al señalar que durante ese año el mercado en el país para ciertos artículos especiales, entre ellos las obras de arte, presentó un comportamiento inercial con las tendencias recesivas de la economía mexicana y del exterior, lo que desalentó la demanda. Este escenario errático provocó que en varios casos los valores arrojados por los avalúos no reflejaran las condiciones reales del mercado en el momento de las subastas.
Hace 18 años, el organismo explicó a La Jornada que en sus instalaciones ubicadas en la Zona Rosa de la Ciudad de México (un edificio en la calle de Varsovia y otro en Hamburgo) permanecían sólo 399 obras pictóricas que formaron parte del acervo de Bancrecer, las cuales, en conjunto, están valuadas en 5 millones 675 mil 900 pesos.
De esa colección, sólo el cuadro Río abajo, del reconocido pintor cubano Tomás Sánchez, está en proceso de donación al Instituto Nacional de Bellas Artes. El resto de las obras, consideradas menores, se encontraban colgadas en las oficinas del IPAB.
La colección Bancrecer está conformada por 199 reproducciones de carácter ornamental, 54 litografías y una serigrafía, así como 133 acuarelas, nueve óleos, una silicografía, un pastel y un acrílico originales. En ese acervo se encontraban obras de Luis Ni-shizawa, Martha Chapa y Leonardo Nierman, entre otros.
Un reporte elaborado en el año 2000 por la Comisión para Investigar el Funcionamiento del IPAB (Cifipab), integrada por diputados de la 57 Legislatura del Congreso, reportaba la existencia de un inventario de obras de arte propiedad de los bancos intervenidos que comprendía mil 932 piezas, cuyo valor de registro ascendía aproximadamente a 79 millones de pesos.
Tanto la indagatoria como la supervisión legislativas se vieron truncadas debido a que Felipe Calderón, entonces coordinador de la bancada panista, echó para atrás a la comisión investigadora, proponiendo sólo una subcomisión que nunca pudo realizar su trabajo.
La Cifipab criticó entonces que los inventarios de obras de arte de la banca intervenida se modificaran continuamente, lo cual dificultaba su supervisión.
Las mil 932 obras de arte de las que se habló en un principio estaban clasificadas en tres rubros: artículos decorativos con valor artístico, reproducciones y obras de arte. Luego, el IPAB hizo una nueva clasificación de ese acervo inicial: 171 obras de arte importantes, 934 obras decorativas con valor artístico, 607 artículos decorativos (carteles, reproducciones, tapetes) y 220 muebles (de las marcas Herman Miller, Chipendale, Alfonso Marina y Jorge Unna).
Otro inventario realizado en 2006 por el instituto, en el que se incluyen las ventas realizadas hasta esa fecha, dio un total de 2 mil 952 piezas. Hubo un aumento considerable en el rubro artículos decorativos: de 607 pasaron a ser mil 633.
Todo lo importante se vendió
En julio de 2007, La Jornada documentó que de ese inventario oficial, descontando lo que ya se había subastado, indicaba que todas las obras importantes y los muebles se vendieron. Del valioso acervo que la banca intervenida puso a disposición del IPAB sólo quedaban 146 obras decorativas con valor artístico y 315 artículos decorativos.
La comisión de diputados para investigar el funcionamiento del IPAB, conformada en 2000, señaló que era problemático que los bienes por enajenar estuvieran distribuidos en 10 instituciones intervenidas, lo que implicaba negociar con 10 interventores, dos administradoras especializadas (en el caso de Serfín y Bancrecer) y 11 instituciones de la banca comercial.
Indicaron que la responsabilidad del control de los inventarios recaía en las propias instituciones bancarias y que el IPAB no contaba ni con los recursos ni con la infraestructura que se necesitaba para efectuar en forma directa la custodia y administración de los bienes.
Además, los diputados consideraron que los bienes fueron valuados a precios que no corresponden con los valores de mercado, por lo cual concluían que la banca intervenida no tenía control suficiente ni con proyecciones acerca del valor real de sus activos y, en muchos casos, se sobrestimó el monto de los activos y de su recuperación.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
