30 de Diciembre de 2015

Indaga PGR tortura en testigos del caso Iguala La investigación sobre el caso Ayotzinapa podría dar un vuelco al arranque del próximo año. En los últimos meses se han realizado nuevos peritajes tanto en Iguala como en Cocula, además de haberse sumado testimonios de normalistas que presenciaron el enfrentamiento entre policías municipales y estudiantes. También han sido recabadas 44 declaraciones de militares. Informes de la Procuraduría General de la República (PGR), a los que tuvo acceso El Universal, establecen que hace unas semanas se aplicó el Protocolo de Estambul a los testigos que afirman haber sido torturados por autoridades antes de rendir su declaración. Estas personas son quienes refieren ministerialmente que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Los peritos que realizan las nuevas investigaciones aseguran que a los 85 tomos que conforman la averiguación previa, que pueden consultarse públicamente, se han añadido otros 77 expedientes que aún no han sido dados a conocer, a los que se sumarán los resultados de estudios médicos y sicológicos realizados a los testigos que denunciaron tortura. La averiguación previa incluye hasta hoy 162 tomos. El Manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes —conocido como Protocolo de Estambul— contiene estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente para ubicar síntomas de agresiones y recabar evidencia sobre maltrato.

Exige Palacio… y 700 mdp Para gobernar Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco quiere que le den de inmediato un Palacio y 700 millones de pesos. Así lo solicitó a dirigentes perredistas su representante, José Manuel Sanz, en un encuentro realizado la semana pasada. Sanz, quien fue el promotor de Blanco durante su vida activa como futbolista, es ahora el representante del Alcalde electo de la capital morelense en las tareas de transición. En esa calidad acudió con líderes perredistas, entre ellos Jorge Messeguer, a quienes pidió también interceder ante el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, para que sean sustituidos los regidores electos del partido del sol azteca por personas que no bloqueen la gestión municipal de Blanco. Según información proporcionada por participantes en el encuentro, Sanz expresó que tenía todas las facultades para negociar en nombre del Alcalde y comentó que Cuauhtémoc Blanco no será quien tome las decisiones de la Alcaldía. «Cuauhtémoc no decide nada. Él sólo viene y firma», señaló Sanz a sus interlocutores, según las versiones de participantes en la reunión. El representante de Blanco formuló cuatro peticiones a los perredistas. «Primero, pedimos que respeten la soberanía del Municipio; segundo, queremos que todos los bienes del Gobierno estatal que se encuentran en el Municipio sean entregados a la Alcaldía para su administración», demandó. De manera primordial, Sanz solicitó el Palacio de Cortés, edificio emblemático de Cuernavaca, actualmente habilitado como museo y que Blanco quiere como despacho de Gobierno. También pidió el Jardín Borda, el Estadio Bicentenario y el Auditorio Teopanzolco, entre otros, para ejercer su Administración desde la Alcaldía. Como tercer punto, demandó la sustitución de todos los regidores electos del PRD por otros «que no nos bloqueen». Su cuarta solicitud fue que, de los créditos que ha solicitado el Gobierno estatal, debe entregar una parte proporcional a Cuernavaca. «Como eso significa 35 por ciento del Estado, deben entregarnos directamente 700 millones de pesos», emplazó Sanz.

Reprobados, 45 mil policías estatales: SNSP De 337 mil 209 policías estatales que hay en el país, 291 mil 693 aprobó sus controles de confianza, por lo que 45 mil 516 integrantes de las corporaciones estatales no aprobaron sus evaluaciones, que representan 13.49 por ciento del total nacional. El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), responsable de las cifras, no aclaró qué sucedió con los 45 mil 516 elementos no aprobados. Desde noviembre del año pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que algunos gobernadores no habían separado de su cargo a los policías reprobados por falta de recursos para pagar su liquidación. “Hemos sido claros con los gobernadores, con las entidades, que tienen que separarlos de su responsabilidad. No pueden estar en las calles, no pueden estar en este momento en sus funciones de policía… De acuerdo con la ley, todos los que no pasaron los controles de confianza deben ser separados de su encargo y liquidados”, dijo el funcionario. De acuerdo con el SNSP respecto del personal de carrera y altos mandos a escala estatal que hay en el país, 237 mil 585 aprobaron sus exámenes, dichas evaluaciones están vigentes y los elementos se encuentran en activo. Sin embargo, hay 291 mil 693 elementos de las corporaciones policiacas de seguridad a nivel estatal que están en activo, lo que implica que 54 mil 108 elementos aprobó en alguna ocasión sus evaluaciones, pero éstas no están actualizadas, lo que no impide que se encuentren en el servicio activo. La suma de los 54 mil 108 elementos que no tienen evaluación vigente aunque alguna vez aprobó sus exámenes y los 45 mil 516 no aprobados asciende a 99 mil 624 elementos y representa 29.54 por ciento, casi la tercera parte de los policías estatales en el país.

Dejó caer Escobar el plan federal para abatir el delito El Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), uno de los más importantes de la Secretaría de Gobernación, cayó en el abandono desde la llegada y fugaz estancia de Arturo Escobar al frente de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. Durante la estancia del militante del Partido Verde Ecologista de México en esa dependencia, el programa sufrió un recorte de 30 por ciento, equivalente a 750 millones de pesos, de los 2 mil 600 millones de pesos asignados para este año, más la reducción de otros 600 millones de pesos en el presupuesto que ejercerá en 2016, con lo que ha perdido un total de mil 350 millones de pesos. El abandono del Pronapred ha comenzado a golpear algunas de las delegaciones del Distrito Federal que fueron incorporadas al programa, pues sus acciones y actividades para la prevención del delito están inconclusas, después de que sólo recibieron 70 por ciento de los 132 millones de pesos comprometidos para este año, es decir, 92 millones 400 mil pesos. Los fondos destinados al Distrito Federal serían distribuidos en cinco demarcaciones: Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa, pero fue hasta principios de diciembre pasado cuando las autoridades capitalinas fueron notificadas de que no se les entregaría el recurso restante, es decir, 30 por ciento, ante el recorte presupuestal a escala federal. De ellas, la que resultó más afectada fue Iztapalapa, pues se le habían asignado 53 millones 263 mil 122 pesos, es decir, poco menos de la mitad del total de los recursos para la prevención del delito en la ciudad.

Los ambulantes desafían al GDF; retornan al CH Los comerciantes ambulantes desafían al Gobierno del Distrito Federal (GDF), que está batallando para retirarlos del perímetro A y B del Centro Histórico, donde está prohibido el comercio informal. La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro, presumió la liberación de espacios en Eje 1 Norte, Eje Central, explanada del Metro Pino Suárez y Mixcalco, a través de operativos policiacos. Este diario realizó un recorrido ayer por el Eje Central a la altura del Centro, Metro Pino Suárez, Corregidora, Correo Mayor, Venustiano Carranza y constató que sigue la presencia tanto de vendedores denominados “toreros” y de puestos semifijos, que son retirados por autoridades, pero se vuelven a instalar en banquetas y paredes de negocios establecidos. Del Eje Central Lázaro Cárdenas, la funcionaria destacó el lunes el retiro de rejillas en las paredes de establecimientos. Afirmó en un comunicado que desde el 12 de octubre se han eliminado 60 rejas y retirado a 30 toreros. Sin embargo, Crónica observó que ante la presencia de granaderos en el tramo de la calle Francisco I. Madero y 16 de Septiembre, los comerciantes ayer sólo se recorrieron al siguiente tramo de la avenida, que va de 16 de Septiembre a Venustiano Carranza y no se levantaron. En este lugar, sumamente transitado, los comerciantes venden sus productos sin ser molestados por las autoridades. Uno que otro puesto semifijo se resiste a levantarse frente y en las inmediaciones de la Torre Latinoamericana, se constató. La explanada del Metro Pino Suárez es la única que permanece libre de comerciantes ambulantes, debido a una mayor presencia de elementos policíacos.

SÍNTESIS. Hidalgo, en lista de más cumplidos. El estado de Hidalgo engrosa la lista de sólo 10 entidades federativas que cumplieron en 2014 con sus informes en materia de Rendición de Cuentas y Transparencia del Gasto en los Estados, informó el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). Los restantes 22 estados no cumplieron siquiera con la entrega de uno de estos informes, evidenciando con ello una total falta de transparencia gubernamental. El Conac difundió un comunicado en donde establece que faltan sólo dos días para que venza el plazo para que la totalidad de los municipios armonicen también su contabilidad gubernamental y transparenten los gastos de gobierno, al menos 60 por ciento de ellos no han cumplido o lo han hecho de manera insuficiente. El organismo precisó que el año pasado sólo los estados de Hidalgo, Baja California, Yucatán, Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Puebla, Querétaro, Estado de México y el Distrito Federal cumplieron con los siete informes trimestrales. En contraste, los estados de Michoacán y Morelos no presentaron ninguno de los reportes en los rubros de Resultados Generales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Órganos autónomos, Sector paraestatal y Evaluación de Cuenta Pública. Además, al tercer semestre del año, nueve estados del país habían fallado en alguno de los informes solicitados, y Aguascalientes y Jalisco no habían entregado dos del total de los informes. Precisó el consejo que las entidades federativas omisas cumplen un año en el retraso también de las cuentas generales de sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los órganos autónomos y el sector paraestatal.