Va reforma electoral: reducen Senado y recortan gasto 25%
La propuesta elimina 32 senadurías plurinominales, reduce 25% el financiamiento electoral y endurece la fiscalización con control en tiempo real
Ciudad de México, 26 de febrero del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentará al Congreso una iniciativa de reforma electoral que plantea cambios de fondo en la integración del Poder Legislativo, el financiamiento de partidos y la operación de las autoridades comiciales, con el argumento de fortalecer la legitimidad democrática y racionalizar el gasto público.
El proyecto, expuesto en conferencia por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, propone reducir el Senado de 128 a 96 integrantes mediante la eliminación de los 32 escaños de representación proporcional. En la Cámara de Diputados se conservarán los 500 curules, aunque con una redistribución en los espacios plurinominales.
De los 200 diputados de representación proporcional, 97 se asignarían a los candidatos no ganadores con mayor votación; 95 serían electos por circunscripción y partido político bajo un esquema de votación directa, y ocho corresponderían a mexicanos residentes en el extranjero.
Ajuste presupuestal y cambios operativos
Uno de los ejes centrales es la reducción de 25 por ciento en los recursos destinados a organismos electorales y partidos políticos. La medida alcanzaría al Instituto Nacional Electoral (INE), a los organismos públicos locales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los tribunales estatales.
La iniciativa contempla la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que sería sustituido por un sistema de cómputo directo. También prevé reducir de 48 a 35 minutos los tiempos oficiales en radio y televisión destinados a campañas.
Rodríguez indicó que el recorte incluirá ajustes en salarios y prestaciones de consejeros y altos mandos del INE, en apego al artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede percibir ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo.
Fiscalización reforzada y control del financiamiento
El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, argumentó que la reforma responde al alto costo de los comicios de 2024, cuya organización —dijo— ascendió a 61 mil millones de pesos, entre recursos federales y locales.
En este contexto, la propuesta fortalece la fiscalización del gasto partidista. El INE tendría acceso en tiempo real a las operaciones financieras de partidos y candidatos, y se prohibirían las aportaciones en efectivo, obligando a que todos los recursos se canalicen a través del sistema financiero formal.
Además, se incorporaría el uso de nuevas tecnologías para supervisar ingresos y egresos, con el objetivo de cerrar espacios a la opacidad.
Democracia participativa y regulación digital
El fortalecimiento de la democracia participativa es otro de los pilares del proyecto. Se plantea que las entidades federativas incorporen en sus marcos legales figuras como referendo, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, a fin de ampliar los mecanismos de intervención ciudadana.
En el ámbito digital, la reforma propone regular el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral, prohibir campañas operadas mediante bots y establecer el etiquetado obligatorio de contenidos generados con herramientas automatizadas, ante el riesgo de manipulación informativa.
Asimismo, se plantea modificar el esquema de designación de consejeros de los institutos electorales locales, retirando al INE esa atribución.
Sin nepotismo y sin reelección consecutiva
La iniciativa retoma y refuerza disposiciones constitucionales para impedir el nepotismo en cargos públicos y consolidar la prohibición de la reelección consecutiva a partir de 2030. Se establece que los cargos de elección no podrán ser transferidos entre familiares directos.
De acuerdo con Gómez, la reforma busca que la representación política emane directamente del voto ciudadano y no de acuerdos internos partidistas, en un modelo que —sostuvo— responda a la evolución democrática del país y a la exigencia social de mayor participación en las decisiones públicas.