Suprema Corte atrae nuevo recurso en caso de presunto huachicol fiscal por contrabando de diésel

• Ministros analizarán si el SAT mantiene facultades legales para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando tras la creación de la ANAM

Ciudad de México, 27 de mayo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo este miércoles un nuevo recurso judicial relacionado con el caso de presunto huachicol fiscal considerado uno de los más relevantes dados a conocer en el país, vinculado al empresario Édgar Marín Meza Moreno, señalado por el supuesto contrabando de 21.5 millones de litros de diésel.

Por unanimidad, el pleno del máximo tribunal admitió el recurso de queja 126/2026 promovido por el Servicio de Administración Tributaria contra la resolución del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, con sede en Veracruz, que confirmó la no vinculación a proceso del empresario por el delito de contrabando.

El expediente llegó a la Corte después de que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Sara Irene Herrerías Guerra respaldaran la solicitud de atracción, debido a que el SAT no cuenta con facultades legales para presentar directamente este tipo de recursos ante el máximo tribunal.

Ahora, el asunto será turnado a un ministro ponente encargado de elaborar el proyecto de resolución que posteriormente será discutido por el pleno.

El debate jurídico se centrará en definir si el SAT conserva legitimación para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando o si dicha facultad corresponde exclusivamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México, luego de la entrada en vigor de su reglamento interior en 2022.

La SCJN ya había atraído previamente otro recurso relacionado con el mismo tema. El pasado 18 de marzo admitió el expediente 39/2026, a propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo.

En la resolución impugnada, el tribunal colegiado determinó que el proceso penal contra Marín Meza Moreno incumplió un requisito legal esencial, debido a que la Fiscalía General de la República no dio intervención previa a la ANAM, organismo que desde 2022 asumió la representación de la Secretaría de Hacienda en asuntos relacionados con contrabando.

Además, el órgano jurisdiccional concluyó que dicha representación tampoco fue citada correctamente durante la audiencia inicial del proceso penal.