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SCJN avala acceso a datos telefónicos con autorización judicial

  • Las compañías deberán colaborar con autoridades para localizar celulares en tiempo real y conservar registros de usuarios hasta por dos años; en casos urgentes podrá intervenirse sin orden previa, con revisión judicial posterior.

Ciudad de México, 17 de noviembre del 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la obligación de las empresas de telecomunicaciones de colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para localizar teléfonos celulares en tiempo real, conservar durante un máximo de dos años los metadatos y registros de llamadas, y entregar esa información en un plazo de 24 horas cuando exista un requerimiento legal.

Por mayoría de votos, el pleno validó diversos párrafos del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025. Sin embargo, estableció que el acceso de las autoridades a esos registros deberá contar, como regla general, con autorización judicial.

La Corte precisó que podrán existir excepciones en situaciones de urgencia, particularmente cuando esté en riesgo la vida de alguna persona. En esos casos, la intervención podrá realizarse sin una orden judicial previa, pero quedará sujeta a un control jurisdiccional posterior.

La resolución se alcanzó después de una discusión ríspida entre los integrantes del pleno, durante la cual la ministra ponente, María Estela Ríos González, reprochó a sus compañeros que pretendieran modificar la metodología de análisis de su proyecto, pese a que coincidían con la conclusión.

La ministra calificó esa exigencia como una falta de respeto a su posición y defendió su facultad para sostener el criterio jurídico con el que elaboró la propuesta.

«Yo sí pido, y lo pido como ministra, que se respete mi decisión… creo que ustedes no me pueden obligar a hacerlo. Si no les convence, está bien, pero obligar a hacerlo como algunos quieren me parece que es una falta de respeto a mi posición de ministra», manifestó.

Ante el reclamo, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, intentó aclarar que las observaciones no tenían la intención de faltarle al respeto, sino de establecer el criterio mayoritario que permitiera emitir una sentencia clara. Sin embargo, fue interrumpido por Ríos González, quien insistió: «No, perdón, sí fue así».

La ponente sostuvo que existía una posición mayoritaria para imponer un determinado método de interpretación y señaló que no era la primera ocasión en que se utilizaba ese argumento frente a sus planteamientos.

«Yo lo que estoy pidiendo es un respeto y si no me lo dan lo acepto, porque la mayoría lo decide», expresó.

Aguilar Ortiz reiteró que también tenía derecho a exponer su punto de vista y concluyó que las diferencias de criterio no implicaban una falta de respeto entre los integrantes del máximo tribunal.

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