SCJN abre nueva ruta de justicia en el caso Guardería ABC

• La Corte determina que los delitos derivados de la tragedia ocurrida en 2009 no prescriben, lo que permitirá continuar las investigaciones y ampliar la rendición de cuentas de exfuncionarios involucrados.

Ciudad de México, 18 de junio de 2026.- A diecisiete años del incendio ocurrido en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión relacionados con la muerte de 49 menores y las lesiones sufridas por otros 106 son imprescriptibles, al tratarse de hechos vinculados con graves violaciones a los derechos humanos.

La decisión, aprobada por unanimidad del Pleno, representa un precedente relevante en materia de acceso a la justicia y combate a la impunidad, al permitir que continúen las investigaciones sobre posibles responsabilidades de exservidores públicos que no habían sido procesados previamente por estos acontecimientos.

En el marco de la discusión, las y los ministros rindieron un minuto de silencio en memoria de las víctimas del siniestro registrado el 5 de junio de 2009, considerado uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del país.

El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, concluyó que la dimensión de la tragedia y las omisiones institucionales en el cumplimiento de las obligaciones de protección y cuidado hacia la niñez justifican la inaplicabilidad de la figura de la prescripción penal.

Durante la deliberación, las ministras María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama destacaron que el caso obliga a reflexionar sobre las consecuencias de los esquemas de subrogación de servicios públicos implementados en años anteriores, al considerar que estos modelos redujeron la capacidad del Estado para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y supervisión en los centros de atención infantil.

La ministra ponente sostuvo que permitir la extinción de la acción penal en casos de esta naturaleza significaría perpetuar escenarios de impunidad frente a hechos que vulneraron de manera grave los derechos fundamentales de niñas y niños.

El asunto analizado por la Corte se originó a partir del amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien fue sujeto a investigación tras una denuncia presentada por la propia institución en 2020. El procedimiento también involucró a la entonces coordinadora nacional de Guarderías, al advertirse que ambos exfuncionarios no habían sido considerados en las indagatorias iniciales.

Con esta resolución, el máximo tribunal del país fortalece el principio de justicia para las víctimas y sus familias, al tiempo que envía un mensaje claro sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de la infancia y la obligación de garantizar que hechos de esta magnitud no queden sin esclarecer.