Recortan privilegios en sistema electoral

Ciudad de México, 18 de marzo del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado el denominado Plan B de reforma electoral, el cual plantea nuevas medidas de austeridad para organismos electorales y partidos políticos, así como un mayor control sobre el uso de recursos públicos en procesos democráticos.

Entre los principales cambios destaca la prohibición para consejeros, magistrados y personal de instituciones electorales —federales y locales— de contratar seguros de gastos médicos mayores, de vida, pensiones privadas o cualquier otra prestación financiada con recursos públicos.

La iniciativa también elimina beneficios como seguros de separación individualizada, cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro extraordinarios. Además, establece que ningún funcionario electoral podrá percibir ingresos superiores a los del titular del Ejecutivo federal.

En materia de partidos políticos, la mandataria reconoció que no fue posible reducir su financiamiento; sin embargo, se incorporan nuevas obligaciones de transparencia y límites a las percepciones de sus dirigencias.

“Se establece en la ley que todos los recursos deberán transparentarse y que ningún dirigente partidista podrá ganar más que la Presidenta, ni recibir bonos o seguros de gastos médicos”, afirmó.

El paquete de reformas contempla también ajustes en la estructura de gobiernos locales y en la fiscalización del gasto público. Se propone que los ayuntamientos tengan un máximo de 15 regidores y que los Congresos estatales no superen un gasto equivalente al 0.7% del presupuesto de cada entidad.

Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá mayores facultades para revisar con mayor rapidez los recursos de los partidos políticos, con el objetivo de detectar posibles irregularidades o financiamiento de origen ilícito.

Durante la presentación en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló los cambios legales y constitucionales previstos, mientras que Arturo Zaldívar explicó los alcances de la propuesta en materia de elección judicial.

Entre otras disposiciones, se plantea que el conteo de votos inicie desde la recepción del primer paquete electoral; que la revocación de mandato pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, y que la elección judicial se lleve a cabo en 2027.

La Presidenta subrayó que estas modificaciones buscan fortalecer la austeridad republicana y mejorar los mecanismos de control del gasto en campañas, aunque dejó abierta la posibilidad de impulsar en el futuro una reforma electoral de mayor alcance.

“Es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos. Temas como los plurinominales deben seguir discutiéndose”, sostuvo.

CLAVES DE LA REFORMA

• Prohibición de seguros privados para funcionarios electorales.
• Tope salarial: nadie ganará más que la Presidencia.
• Máximo 15 regidores por ayuntamiento.
• Congresos locales con gasto limitado al 0.7% del presupuesto estatal.
• Mayor intervención de la UIF en fiscalización de partidos.
• Revocación de mandato en tercer o cuarto año de gobierno.