Organizaciones sociales de Bolivia endurecen protestas y exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz
- La Central Obrera Boliviana, juntas vecinales y organizaciones campesinas rechazaron el diálogo con el gobierno y anunciaron una escalada de movilizaciones que mantiene bajo presión a La Paz.
02 de junio del 2026.- Las principales organizaciones sociales del departamento de La Paz rechazaron este martes la convocatoria al diálogo realizada por el gobierno boliviano y elevaron sus exigencias al demandar la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz, en medio de una creciente crisis política y social que afecta a diversas regiones del país.
Durante un cabildo celebrado en la ciudad de El Alto, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y organizaciones campesinas ratificaron su postura de mantener las movilizaciones y endurecer las medidas de presión contra la administración federal.
En el encuentro, el presidente de Fejuve en La Paz, Justino Apaza, sometió a consideración de los asistentes la exigencia de renuncia del mandatario, propuesta que fue respaldada de manera unánime por los participantes.
Las organizaciones argumentaron que el gobierno no ha dado respuesta satisfactoria a las demandas planteadas en semanas anteriores, por lo que descartaron cualquier posibilidad de negociación mientras no existan soluciones concretas a sus reclamos.
El conflicto ha derivado en bloqueos carreteros y manifestaciones que desde el pasado 1 de mayo mantienen afectada la conectividad hacia la ciudad de La Paz, situación que ha provocado problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles en el occidente boliviano.
De acuerdo con estimaciones de diversos sectores productivos, la crisis ha generado pérdidas económicas millonarias. El sector industrial reporta afectaciones cercanas a los 2 mil millones de dólares, mientras que la actividad turística registra pérdidas de alrededor de 4 millones de dólares diarios. A ello se suman impactos en la producción avícola, estimados en 2 millones de dólares.
En paralelo, el gobierno de Bolivia denunció la presunta participación de activistas argentinos en reuniones con organizaciones sociales movilizadas. Según las autoridades, los extranjeros ingresaron al país con visas de turismo y habrían intervenido en actividades de carácter político, situación que fue calificada por el Ejecutivo como un acto de injerencia en asuntos internos.
La confrontación entre el gobierno y los movimientos sociales ocurre cuando la administración de Rodrigo Paz apenas cumple seis meses en funciones, en un escenario marcado por la presión social y los crecientes costos económicos derivados de la conflictividad.