Nota del editor: Francisco Rivas es Director General del Observatorio Nacional Ciudadano, especialista en seguridad, autor de investigaciones y artículos en materia de seguridad, justicia y cultura de la legalidad. Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.
Ciudad de México, 15 de diciembre de 2016 – Pese a las declaraciones que da la autoridad, la crisis que vivimos en materia de seguridad y justicia es innegable: a nivel nacional, de enero a octubre de 2016 se registraron 18,839 víctimas de homicidio doloso, 1,503 víctimas de secuestro, 4,358 víctimas de extorsión, 138,818 robos con violencia, por citar tan solo algunos de los delitos que más afectan a la sociedad.
Ante una mirada más atenta, la crisis asume una mayor relevancia si se analiza la realidad que se vive en entidades como Tamaulipas, que es primer lugar nacional en secuestros con una tasa de enero a octubre de víctimas por cada 100,000 habitantes de 5.47; o Tabasco, primer lugar en robo con violencia (368.92), a negocio (163.22), abigeato (37.59) y víctimas de homicidio doloso con una tasa de 8.89, y que también ocupa el tercer lugar en víctimas de secuestro con una tasa de 3.16.
El caso de Colima, con una tasa de 65.92 homicidios dolosos, lo posiciona en primer lugar en el ranking nacional; así como la Ciudad de México, con una tasa por cada 100,000 habitantes de robo con violencia de 194.86.
Esta crisis no es nueva, la estrategia llamada Guerra contra el Narco acaba de cumplir una década, mientras que la crisis de secuestros y violencia en la capital del país de finales de los 90’s cumple 20 años. Todos conocemos los problemas que mantienen vivas las crisis: debilidad institucional, corrupción, impunidad, desigualdad, falta de oportunidades dentro de la ley para que las personas podamos progresar, educación inefectiva, implementación y cambios en las políticas públicas que se sustentan en ocurrencias más que en datos duros.
Un diagnóstico de esta naturaleza podría llevar a afirmar que el pronóstico para México es negativo, sin embargo, hay un factor que debe ser recordado e incluido en el análisis, a saber, el creciente papel que la sociedad civil ha tenido para demandar cambios estructurales y normativos; así como políticas públicas que se puedan medir y evaluar para beneficio de todos los integrantes de la sociedad, la inversión de tiempo, esfuerzo, dinero e incluso vidas humanas, de activistas que velan por el bienestar de menores, mujeres, comunicadores, policías o militares. Es decir, personas que exponen su vida para garantizar que los derechos humanos se respeten siempre y sean -como debería ser- de acceso universal.
Sobran los logros de personas y organizaciones que han podido incidir en la vida nacional y así obligar a que las autoridades cumplan con su trabajo. Si queremos iniciar, podemos recordar cómo hace 19 años, Josefina Ricaño y la naciente organización México Unido Contra la Delincuencia lograron sentar al Presidente Ernesto Zedillo a reconocer y atender la crisis de ese entonces en materia de secuestros, y cómo seis años después, bajo el liderazgo de María Elena Morera, hizo lo mismo con el presidente Vicente Fox, tras haber llevado a centenares de miles a marchar por las calles de la capital.
Es importante decirlo, sin el acompañamiento y liderazgo de la sociedad civil, el sector productivo, la academia y los medios de comunicación, los esfuerzos de la autoridad por llevar a Ciudad Juárez, Monterrey o Tijuana a mejorar sus condiciones de seguridad, no se hubiese podido lograr. Sin Ernesto López Portillo, María Eugenia Suárez, Juan Salgado, INSYDE (El Instituto para la Seguridad y la Democracia), Causa en Común y el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), no se visualizarían las carencias e injusticias que viven nuestros policías, ni la irresponsabilidad de los gobernadores y sus incumplimientos con diversas leyes.
Sin Juan Pardinas, Eduardo Bohórquez, el IMCO, Transparencia Internacional y el gran colectivo de organizaciones y académicos que se sumaron, el Sistema Nacional Anticorrupción hubiera sido una simulación más de la autoridad, construida a modo para proteger la corrupción de la élite política.
Con información de: http://expansion.mx/
