Morena analiza juicio político contra gobernadora de Chihuahua

• Senadores ven posibles violaciones constitucionales por ingreso de agentes extranjeros en operativo de seguridad

Ciudad de México, 24 de abril del 2026.- A la espera de una reunión con autoridades de Chihuahua, senadores de Morena señalaron que existen elementos para valorar un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván, por la presunta participación de agentes de Estados Unidos en operativos contra el narcotráfico en la entidad.

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa indicó que la viabilidad de este recurso deberá definirse tras el encuentro previsto para el próximo martes con la mandataria estatal y el fiscal local, ante comisiones legislativas, el cual —dijo— se desarrollará en un marco institucional.

Por su parte, el senador Óscar Cantón Zetina afirmó que, de confirmarse los hechos, existen elementos suficientes para promover el juicio político, al considerar grave la posible intervención de agentes extranjeros en tareas operativas, incluso bajo el uso de uniformes de corporaciones estatales.

En tanto, el senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, sostuvo que la información difundida por autoridades estatales apunta a una acción deliberada para permitir el ingreso de personal de la Central Intelligence Agency (CIA), quienes habrían desempeñado funciones exclusivas del Estado mexicano.

El legislador advirtió que estos hechos podrían constituir violaciones a la Constitución, en particular a los artículos 108, 109 y 110, lo que implicaría responsabilidades susceptibles de sancionarse mediante juicio político.

Asimismo, señaló que también se habría transgredido la Ley de Seguridad Nacional, que establece como requisito la autorización del gobierno federal para la presencia de agentes extranjeros, limitando su actuación al intercambio de información.

Inzunza Cázarez agregó que incluso podría configurarse el delito de traición a la patria, por lo que consideró que la Fiscalía General de la República debería iniciar una investigación de oficio.

Los legisladores coincidieron en que, si bien el diálogo con las autoridades de Chihuahua será respetuoso, resulta necesario esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades legales.