11 de abril de 2016.- La ciudadanía a nivel mundial exige trasparencia de las instituciones y de los actores políticos frente a la erosión de la ética en los asuntos de interés público.
El contexto político en el que se inserta la primavera electoral en México, demanda de la ética pública, la vigorización y fortalecimiento de la participación ciudadana, como lógica fundamental de la contienda política.
Este trazo político es la única manera de abatir el déficit de probidad gubernamental y avanzar en la democratización del sistema político, que vive un ambiente de incertidumbre, deshonestidad y desigualdad social; y consolidar la corresponsabilidad ciudadana en la toma de decisiones del quehacer público, con nuevos principios axiológicos de moralización gubernamental como sustento ideológico.
Ello exige que partidos y candidatos integren una vanguardia para el cumplimiento de la oferta política de sus programas y plataformas de acción, definidas a partir de escuchar, entender y atender, las propuestas y opiniones de la sociedad.
No pueden persistir los estándares de los dobles discursos, de las ambigüedades, ni de una doble moral política, porque ello ha transgredido la confianza ciudadana, causado estragos en la legitimidad y credibilidad, y aun peor, es la génesis de la crisis de representatividad que hoy mantiene en jaque al sistema de partidos.
Garantizar el respeto a la participación de la ciudadanía en los espacios políticos, es también una dimensión ética indispensable del proceso electoral. El problema no es sólo generar condiciones de competencia interpartidaria, sino incorporar condiciones programáticas que legitimen el futuro ejercicio de gobierno.
En consecuencia, las campañas electorales son espacios de interés público y de coparticipación ciudadana. No pueden ser enclaves de reproducción hegemónica partidista ni de exclusión social. La prevalencia del principio de horizontalidad corresponsable de la ciudadanía en estos procesos, afianza la estabilidad democrática del orden sistémico, y amplía las oportunidades sociales.
Empero, la ética pública y electoral debe ir más allá. La preservación del ecosistema democrático, debe priorizar la fiscalización y plena visibilidad financiera del proceso electoral. No basta con publicitar los topes del gasto de campaña, sino la comprobación y arqueo del origen del financiamiento y su uso, mediante prácticas e instrumentos de acceso público, que den certidumbre y permitan la horizontalidad de la información a la ciudadanía.
La armonización del financiamiento de los gastos de campaña en los últimos años se ha convertido en una caja de Pandora, en la medida que el aumento de los gastos del proceso electoral, no son percibidos por la ciudadanía como útiles, dada la baja rentabilidad de la concreción y soluciones de las necesidades sociales.
El ciudadano común considera deficitaria la matriz costo-beneficio electoral; más aún, la percibe como una pesada carga a título de lastre económico que lo amenaza, porque la democracia se convierte en un síndrome de carestía político-social, que deja famélica la construcción del ejercicio de gobierno. ¿Cómo se puede resarcir en alguna medida los daños de la pobreza y desigualdad, cuando la democracia electoral engorda sus costos para solucionar los problemas sociales?
Para el ciudadano el costo político y de la política, no es sólo una dimensión del proceso electoral. Es un mal endémico de las estructuras institucionales y de una democracia ineficiente, precaria en probidad y ética pública, donde la ciudadanía constituye una ínsula, o bien, la parte residual de toda contienda política, no el actor principal.
Absurdo resulta en este escenario, el síndrome del “spotismo” en la publicidad política de las campañas, donde cada partido y candidato pretende monopolizar los espacios informativos. Situación que no garantiza la comunicación entre candidato y elector, y sólo provoca el hastío social ante la saturación de una comunicación que desinforma.
El “spotismo”, subutiliza el tiempo mediático-electoral; provoca trampas visuales y auditivas, obstruye el conocimiento de la oferta política de partidos y candidatos, y debilita su sustancia y alcances, mediante estereotipos y demagogias.
La oferta política de partidos y candidatos no puede ser vana. Constituye el basamento programático que le da sentido a la demanda social y al principio de representatividad para una conducción social armónica. La expresión más sentida del valor del voto, es el respeto a la voluntad ciudadana y el reconocimiento de la política como virtud de la dimensión ética del proceso electoral.
Los principios de probidad y ética pública en el proceder de partidos y candidatos, deben ir más allá de las campañas electorales; no pueden caer en manos de un primitivismo político que obstruya la vitalidad de la dinámica democrática de la sociedad.
El escenario es claro, el propósito político de la contienda es asegurar que la oferta programática sea aprobada por la ciudadanía, para que su rendimiento en el futuro ejercicio de gobierno, propicie cohesión y armonía social, en la medida que los ciudadanos perciban la contienda electoral, no como una dádiva, sino como la aproximación y respuesta a las problemáticas que históricamente los han vulnerado.
Una nueva dimensión ética debe emerger de este proceso electoral. Las campañas en manos de partidos y candidatos, no pueden seguir siendo el sesgo de las élites frente a una sociedad impedida. No se puede seguir en la paradoja del autoritarismo político, que priva al ciudadano el derecho a construir la historia de su democracia y de su Nación.
Agenda
- El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, en su 2º Informe de Actividades, refirió que México tiene ante sí una coyuntura crítica en el ámbito de los derechos humanos,… puede optar por preservar el estado actual de las cosas, o asumir un compromiso de cambio en el respeto y vigencia de los derechos humanos, para fortalecer y consolidar nuestro Estado Democrático y Social de Derecho, y abatir la impunidad, corrupción, simulación y demás vicios y prácticas que debemos desterrar de nuestro país.
- La Canciller, Claudia Ruiz Massieu, informó del nombramiento de Carlos Manuel Sada Solana como nuevo embajador de México en Estados Unidos, que obedece a su destacado desempeño y profesionalismo en la Embajada de México en Washington.
- La participación del Presidente Enrique Peña Nieto en la IV Cumbre de Seguridad Nuclear, refrenda el espíritu y tradición internacionalista por la paz, de México. La Cumbre recogió el impacto del álgido escenario de los ataques terroristas en Bruselas, Bélgica y Pakistán. La agenda giró en torno al control de las armas nucleares y la búsqueda de un frente internacional, que impida que caigan en manos de grupos terroristas.
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