INE busca acotar procesos internos anticipados tras criterio del Tribunal Electoral
- El consejero Arturo Castillo Loza plantea obligar a partidos a reportar propaganda y gastos; la interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación limita sanciones
Ciudad de México, 26 de abril del 2026.- Ante el margen reducido que dejó el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre los llamados procesos internos de los partidos, el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila medidas para contener estas prácticas y, al menos, someterlas a control y fiscalización.
La propuesta central consiste en obligar a los partidos a notificar al instituto toda la propaganda vinculada con dichos procesos, de modo que sus costos se integren al registro de ingresos y gastos, y puedan ser considerados en la revisión de posibles rebases de topes en el proceso electoral 2026-2027.
Así lo adelantó el consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, quien reconoció que la autoridad electoral enfrenta limitaciones derivadas de los recientes criterios jurisdiccionales.
“El principal problema radica en la interpretación de la Sala Superior del TEPJF, que modificó su propia doctrina y estableció que sólo constituyen actos anticipados aquellos que incluyen un llamado explícito al voto”, explicó.
Restricciones legales y nueva interpretación
Durante los procesos internos de 2023, mediante los cuales los partidos definieron a sus aspirantes sin reconocerlos formalmente como candidatos, la mayoría de los magistrados del tribunal optó por no prohibir estas prácticas. En cambio, instruyó al INE a concentrarse en su regulación financiera.
En ese contexto, Castillo señaló que la autoridad administrativa “no puede hacer mucho”, ya que las sentencias establecen que no todo acto preparatorio —incluso fuera de los tiempos electorales— puede considerarse anticipado de precampaña o campaña.
El consejero advirtió que, bajo el criterio previo, sí habría elementos para sancionar estas conductas mediante la figura de “equivalentes funcionales”, que permitía valorar actos de posicionamiento político aun sin llamados explícitos al voto.
“Lo que estamos viendo son actos claramente orientados a posicionar aspirantes, pero la nueva realidad jurídica nos obliga a una interpretación restrictiva”, sostuvo.
Propuesta de control y fiscalización
Frente a este escenario, el INE plantea emitir lineamientos anticipados para el próximo proceso electoral, con el objetivo de mitigar posibles afectaciones a la equidad en la contienda.
La estrategia, explicó Castillo, consiste en “etiquetar todo”: los partidos deberán informar previamente sobre sus actividades, clasificar su propaganda y sujetarse a reglas claras de fiscalización.
Entre las medidas propuestas destaca la obligación de reportar todos los eventos, así como la prohibición de utilizar prerrogativas en radio y televisión para promocionar estos procesos internos.
En caso de incumplimiento, la autoridad podría ordenar el retiro de la propaganda no reportada.
El planteamiento busca acotar el impacto de estos mecanismos de selección anticipada, en un contexto en el que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han redefinido los alcances de la regulación electoral.