Hacienda endurece controles contra el lavado de dinero

• Nuevas reglas obligan a evaluar riesgos, identificar beneficiarios finales y reforzar el monitoreo de operaciones; disposiciones entrarán en vigor de manera gradual a partir de noviembre

Ciudad de México, 08 de agosto del 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzó el marco de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante nuevas disposiciones que amplían las obligaciones de empresas y personas físicas que realizan actividades consideradas vulnerables.

El acuerdo, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), incorpora mecanismos de evaluación de riesgos destinados a identificar, analizar y mitigar la posibilidad de que determinadas operaciones sean utilizadas para fines ilícitos.

Entre los principales cambios destaca la obligación de que los sujetos obligados establezcan procedimientos formales para determinar el nivel de riesgo de sus clientes y usuarios. Para ello deberán clasificarlos en categorías de riesgo bajo, medio y alto, con el propósito de aplicar controles diferenciados de acuerdo con las características de cada operación.

La nueva regulación también establece que las empresas y personas físicas deberán integrar expedientes únicos de identificación de sus clientes y usuarios, además de garantizar que la información sea actualizada, verificable y resguardada de manera segura durante un periodo mínimo de 10 años.

Otro de los ejes centrales de las modificaciones es el fortalecimiento de los mecanismos para identificar al beneficiario controlador, entendido como la persona física que obtiene el beneficio final de una operación o que ejerce el control efectivo sobre una estructura corporativa.

En los casos considerados de alto riesgo, las obligaciones de debida diligencia serán mayores. Los sujetos obligados deberán recabar información más detallada sobre el origen y destino de los recursos y establecer mecanismos reforzados de seguimiento, particularmente cuando se trate de personas políticamente expuestas o de operaciones vinculadas con jurisdicciones clasificadas como de alto riesgo.

La SHCP también formalizó el uso de herramientas automatizadas para detectar operaciones inusuales, dar seguimiento a transacciones y generar alertas tempranas. Estos sistemas deberán ajustarse al volumen y complejidad de las operaciones de cada sujeto obligado y vincularse con el portal electrónico de la autoridad para facilitar la presentación de avisos e informes.

Como parte de las nuevas obligaciones, las empresas y personas sujetas a estas disposiciones deberán contar con un manual de políticas internas que establezca los procedimientos para la identificación de clientes, clasificación de riesgos, aplicación de medidas de debida diligencia, controles internos y capacitación del personal.

Dicho documento constituirá uno de los principales instrumentos para acreditar ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las modificaciones contemplan una implementación escalonada para facilitar la adaptación de los sujetos obligados. La entrada en vigor general está prevista para el 30 de noviembre de 2026, mientras que algunas obligaciones específicas tendrán plazos posteriores.

Entre ellas se encuentran la evaluación formal de riesgos y la implementación de mecanismos automatizados de monitoreo, cuya aplicación se extenderá durante 2027 y 2028.

Con estas medidas, la autoridad hacendaria busca fortalecer los mecanismos de prevención y detección de operaciones financieras vinculadas con recursos ilícitos, mediante una estrategia que coloca la evaluación de riesgos, la trazabilidad de los recursos y la identificación de los beneficiarios finales como elementos centrales del nuevo esquema de supervisión.