Golpe judicial de EU alcanza a excolaboradores de Rubén Rocha
- Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz enfrentarán cargos por narcotráfico y terrorismo; investigación alcanza a Rubén Rocha y otros exservidores públicos sinaloenses
Ciudad de México, 16 de mayo del 2026.- Estados Unidos detuvo al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y al exsecretario de Finanzas estatal, Enrique Díaz, como parte de una investigación federal por presuntos nexos con el narcotráfico que también involucra al gobernador con licencia Rubén Rocha y a otros siete exfuncionarios de la entidad.
Las autoridades estadunidenses imputan a los involucrados delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico, uso de armas y corrupción, en el marco de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para perseguir a funcionarios mexicanos presuntamente coludidos con organizaciones criminales.
De acuerdo con documentos judiciales y reportes confirmados por el Gabinete de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez ingresó a territorio estadunidense el pasado 11 de mayo a través de la Garita de Nogales, procedente de Hermosillo, Sonora. Tras cruzar a Arizona, quedó bajo custodia del Servicio de Marshals.
Durante su audiencia de arraigo celebrada en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, el exfuncionario se declaró no culpable de los cargos relacionados con tráfico de drogas, portación de armas y secuestro.
En tanto, Enrique Díaz se habría entregado voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, según información difundida por Reuters con base en fuentes del gobierno de Sinaloa. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su situación jurídica.
La causa judicial abierta por el gobierno estadunidense incluye a diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Entre ellos figuran Rubén Rocha y el senador Enrique Inzunza, cuyas cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera como parte de mecanismos de cooperación internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no tenía conocimiento de dicha medida.
La ofensiva judicial se sustenta en la reciente instrucción girada por la administración Trump a las 93 fiscalías federales de Estados Unidos para priorizar procesos por terrorismo contra funcionarios vinculados con grupos del narcotráfico, luego de que diversos cárteles fueran catalogados como organizaciones terroristas.
Mérida Sánchez enfrenta acusaciones por conspiración para traficar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas. Además, es señalado por presuntamente recibir sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares de parte de la facción criminal conocida como Los Chapitos, a cambio de protección e información sobre operativos oficiales.
Las investigaciones apuntan a una red de presunta colusión entre autoridades y grupos criminales, basada en intercambio de protección política, filtración de información y pagos ilícitos.
El fiscal general adjunto, Aakash Singh, sostuvo que el objetivo de las autoridades estadunidenses es ampliar las acusaciones contra funcionarios corruptos que facilitan las operaciones del narcotráfico, al advertir que las acciones judiciales apenas representan el inicio de una estrategia de mayor alcance.
La próxima audiencia para definir la situación jurídica de los detenidos y las posibles medidas cautelares fue programada para el próximo 1 de junio.