FinCEN detecta operaciones sospechosas por más de 7 mil mdd ligadas al huachicol fiscal entre México y EU
- La agencia del Departamento del Tesoro actualizó su alerta al sistema financiero estadounidense y advirtió que el contrabando de combustibles se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los cárteles, con presuntos vínculos de lavado de dinero y corrupción política.
Ciudad de México, 01 de julio del 2026.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó que desde la emisión de su primera alerta sobre el contrabando de combustibles hacia México, hace un año, se han identificado más de 7 mil millones de dólares en operaciones financieras sospechosas relacionadas con esquemas de huachicol fiscal.
En una actualización dirigida a bancos y demás instituciones del sistema financiero estadounidense, la agencia advirtió que este tipo de operaciones continúa representando un mecanismo relevante para el lavado de dinero de organizaciones criminales que operan entre ambos países.
La FinCEN señaló que, de manera paralela, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha impuesto sanciones a más de 13 personas y 29 empresas presuntamente involucradas en redes de contrabando de combustibles y petróleo vinculadas con grupos del crimen organizado.
De acuerdo con la agencia, el robo y el contrabando de hidrocarburos constituyen actualmente la principal fuente de ingresos ilícitos de los cárteles de la droga distinta al narcotráfico. Con base en diversos informes, estimó que entre una cuarta parte y un tercio del combustible comercializado en México podría tener un origen ilegal.
El organismo estadounidense sostuvo además que las ganancias obtenidas mediante estos esquemas son utilizadas cada vez con mayor frecuencia para financiar campañas políticas y medios de comunicación en México, con el propósito de favorecer a actores políticos presuntamente vinculados con organizaciones criminales y facilitar la protección de sus operaciones.
Según la alerta, dichas redes buscarían influir en el nombramiento de funcionarios en posiciones estratégicas dentro de la administración pública para facilitar el ingreso ilegal de combustibles y obtener contratos gubernamentales que permitan lavar recursos provenientes de actividades ilícitas.
La FinCEN describió que el esquema inicia en refinerías ubicadas en Texas, principalmente en las zonas de Houston, San Antonio y el Valle del Río Grande, donde —afirmó— comercializadores estadounidenses coludidos con organizaciones criminales adquieren combustible de origen legal para desviarlo hacia empresas de transporte y logística presuntamente controladas por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Posteriormente, el combustible es enviado por vía marítima desde puertos como Houston, Beaumont-Port Arthur y Corpus Christi, o bien trasladado por carretera y ferrocarril hacia México a través de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la carga sería declarada falsamente como aceites usados, lubricantes o residuos industriales.
Una vez en territorio mexicano, agregó la agencia, intermediarios con permisos de comercialización utilizarían facturación apócrifa para incorporar el combustible al mercado formal y distribuirlo a estaciones de servicio.
El reporte indica que las ganancias obtenidas regresan posteriormente a Estados Unidos mediante transferencias internacionales, operaciones con activos virtuales y depósitos en efectivo fraccionados, para finalmente ser blanqueadas mediante inversiones en bienes raíces, vehículos de lujo, joyería y otros activos financieros. Parte de esos recursos, aseguró la FinCEN, también serían lavados en México mediante financiamiento político.
En su evaluación, la agencia estadounidense sostuvo que las medidas implementadas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustibles, entre ellas el cierre de ductos y la reducción de permisos de importación, restringieron la oferta legal de combustibles en el mercado mexicano.
A juicio de la FinCEN, esa situación, aunada a la diferencia de precios entre los combustibles comercializados en Estados Unidos y México derivada del IEPS, favoreció la expansión de un mercado ilegal altamente rentable para el contrabando de combustibles provenientes de territorio estadounidense.