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FGR desarticula presunta red nacional de contrabando de combustible; investiga daño fiscal superior a 4 mil millones de pesos

Operaba estos ilícitos una empresa fundada por Ernesto R., exgobernador de Baja California.

Ciudad de México, 15 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de la que calificó como la mayor red de contrabando de hidrocarburos detectada en el país, resultado de una investigación conjunta con el Gabinete de Seguridad que permitió identificar un esquema de importación irregular de combustibles, evasión fiscal y operaciones financieras presuntamente destinadas a ocultar recursos de origen ilícito.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la organización utilizaba carros-tanque ferroviarios para ingresar combustible desde refinerías de Texas, Estados Unidos, mediante declaraciones falsas en aduanas, reportando volúmenes inferiores a los realmente transportados o clasificando la mercancía bajo conceptos distintos para evitar el pago de impuestos.

De acuerdo con la investigación, la red habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación entre enero y julio de 2025, principalmente por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa. El análisis ministerial estima un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos para la Hacienda Pública.

Las indagatorias también revelaron movimientos financieros por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, con presuntos mecanismos de triangulación de recursos.

Como parte del operativo se obtuvieron 25 órdenes de aprehensión. Hasta el momento han sido detenidas cinco personas, entre ellas Ernesto «N», identificado como fundador de una empresa vinculada con servicios portuarios. La FGR precisó que las investigaciones continúan y se desarrollan acciones en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco, mientras se busca ejecutar el resto de los mandamientos judiciales.

La Fiscalía señaló que las pesquisas incluyen a empresarios, operadores logísticos, agentes aduanales y otros servidores públicos presuntamente relacionados con la operación, y reiteró que la información sobre la situación jurídica de los involucrados se dará a conocer conforme avancen las etapas procesales y con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

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