Cierre parcial en Seguridad Nacional de EU agudiza disputa por política migratoria
Sin acuerdo presupuestal, el DHS entra en parálisis administrativa; demócratas condicionan recursos a supervisión de agencias migratorias
Ciudad de México, 14 de febrero del 2026.- La confrontación política en torno a la política migratoria llevó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a un cierre parcial, luego de que el Senado no alcanzara un acuerdo para extender su financiamiento. La disputa enfrenta a republicanos y demócratas en un momento de alta polarización y coloca en el centro del debate la actuación de las agencias federales de control migratorio.
El financiamiento temporal venció sin que prosperara una iniciativa republicana para mantener operativa a la dependencia hasta septiembre. En consecuencia, el DHS quedó parcialmente paralizado, aunque el resto del gobierno federal cuenta con recursos aprobados hasta el 30 de septiembre.
El eje del conflicto son las exigencias del Partido Demócrata para imponer mayores mecanismos de control al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La presión se intensificó tras la muerte de los civiles Alex Pretti y Renee Good durante protestas en Minneapolis, hechos que reavivaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la identificación de agentes.
Entre las condiciones planteadas destacan la obligación de operar con el rostro descubierto, portar identificación visible, utilizar cámaras corporales de manera obligatoria y sujetarse a un código de conducta más estricto.
Operación mínima, tensión política máxima
Aunque el cierre es parcial, el impacto operativo inmediato es limitado. Aproximadamente el 90% de los 270 mil empleados del DHS son considerados esenciales y continuarán en funciones. Sin embargo, si la parálisis se prolonga más allá del 18 de febrero, estos trabajadores dejarán de recibir salario, lo que podría generar presiones sindicales y administrativas.
Las agencias migratorias, paradójicamente, cuentan con margen financiero. En el plan fiscal promovido por el presidente Donald Trump para 2025 se asignaron recursos extraordinarios: cerca de 75 mil millones de dólares para ICE y entre 60 y 70 mil millones para la CBP. Esto permite que detenciones, deportaciones y operativos fronterizos continúen prácticamente sin interrupciones.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantendrá activos a la mayoría de sus trabajadores en aeropuertos, aunque sin pago inmediato. En tanto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera de Estados Unidos y el Servicio Secreto de Estados Unidos sostendrán sus misiones críticas, pero con limitaciones en tareas administrativas, entrenamientos y reembolsos a estados.
Sin fecha para destrabar el conflicto
El Congreso no tiene programada una sesión inmediata para retomar la negociación, lo que deja el cierre en un escenario indefinido. La resolución dependerá de que la Casa Blanca y los demócratas logren un acuerdo sobre los alcances de la supervisión a ICE y CBP.
Para México, el efecto es claro: la política migratoria estadounidense mantiene su curso. El cierre parcial del DHS no implica una pausa en detenciones ni en procesos de deportación, por lo que la presión en la frontera sur de Estados Unidos se mantiene como un factor constante en la relación bilateral.