Bajo escrutinio, contratos del INE
- El órgano de control reportó 13 expedientes abiertos desde mayo de 2025 y otras 24 investigaciones derivadas de auditorías; identificó indicios de conflictos de interés y planteó homologar los procedimientos de compra del instituto y los organismos electorales estatales.
Ciudad de México, 27 de octubre del 2026.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de bienes y servicios durante la gestión de Guadalupe Taddei, a partir de las cuales señaló la necesidad de establecer reglas comunes para las adquisiciones de las autoridades electorales del país.
Desde mayo de 2025, la instancia abrió 13 expedientes relacionados con posibles anomalías en la asignación de contratos, en los que estarían involucrados al menos 13 funcionarios y exfuncionarios electorales, ocho personas físicas y 18 personas morales.
Además, derivado de seis ejercicios de auditoría y ocho revisiones de control, inició otras 24 investigaciones en materia de contrataciones, de acuerdo con el informe presentado ante las comisiones de Vigilancia y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.
Frente a estos hallazgos, el OIC recomendó impulsar una política nacional de regulación que permita homologar los procedimientos de contratación del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), mediante un marco normativo común que preserve la autonomía y las atribuciones de cada institución.
Las presuntas irregularidades identificadas abarcan distintas etapas de los procesos de adquisición, desde la posible simulación del cumplimiento de requisitos hasta el abuso de funciones y las deficiencias en la planeación, supervisión, recepción y pago de bienes y servicios, con eventuales afectaciones al patrimonio público.
El organismo también señaló posibles desviaciones de recursos, falta de comprobación del gasto, incumplimiento de responsabilidades de vigilancia, conflictos de interés y participación indebida de servidores públicos en procedimientos de contratación. Asimismo, incluyó posibles faltas de particulares y declaraciones presuntamente falsas que podrían encubrir conflictos de interés o eventuales casos de enriquecimiento ilícito.
En cuanto a los posibles conflictos de interés, el OIC informó que encontró elementos probatorios en tres de los cuatro casos revisados, mientras que el restante continúa bajo investigación.
El titular de la dependencia, Víctor Hugo Carvente Contreras, aseguró que las indagatorias se conducirán con independencia, objetividad y rigor técnico, en apego al debido proceso, la presunción de inocencia y la reserva legal de los expedientes que permanecen abiertos.
Añadió que las investigaciones continuarán y que los hechos que excedan las facultades del órgano serán remitidos a las autoridades correspondientes. También confirmó la colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras instancias integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Inhabilitan a proveedor por incumplimiento
En materia de responsabilidades administrativas, el informe señala que las faltas consideradas graves son turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia encargada de resolver los casos dentro de su competencia e imponer las sanciones correspondientes.
El OIC reportó que, de enero de 2025 a la fecha del documento, emitió 20 sanciones. El informe refiere inhabilitaciones que involucran a 14 funcionarios y exfuncionarios y cinco particulares, además de una suspensión del empleo, cargo o comisión por 30 días. También menciona tres sanciones económicas por un monto acumulado de 1.6 millones de pesos.
Entre los procedimientos contra proveedores destaca el de Bell-Krom, S.A. de C.V., empresa contratada para la adquisición y distribución de 25 mil 302 chamarras destinadas a supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024.
El órgano de control informó que la compañía fue inhabilitada el 2 de octubre debido al incumplimiento en la entrega de los bienes establecidos en el contrato.
A estas actuaciones se suman 45 cédulas de observaciones preliminares notificadas al INE el 9 de octubre, como resultado de la auditoría A07-ADQ-2026, enfocada en las adquisiciones, los arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios.
La fiscalización comprendió los procedimientos de contratación efectuados por áreas administrativas del instituto entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026.
Entre las unidades revisadas figuran las coordinaciones Nacional de Comunicación Social y de Asuntos Internacionales, las direcciones ejecutivas de Administración y de Organización Electoral, así como las unidades técnicas de Fiscalización y de Igualdad Sustantiva y No Discriminación.
De acuerdo con el reporte, las observaciones preliminares incluyen posibles documentos falsos o alterados, ocultamiento de conflictos de interés, gastos sin comprobación suficiente, eventuales acuerdos entre proveedores y participación ilícita en procedimientos administrativos.
También se identificaron personas morales que presuntamente no acreditaron capacidad técnica, económica u operativa para cumplir con los servicios contratados, además de posibles incumplimientos de obligaciones contractuales, fiscales y de seguridad social.
Advierten disparidad en precios y procedimientos
El OIC sostuvo que la diversidad de reglas aplicables a las contrataciones del INE y los OPLE dificulta comparar los costos de bienes y servicios utilizados en la organización de los comicios.
Aunque las instituciones adquieren productos y servicios de naturaleza semejante, sus procedimientos se desarrollan bajo distintos marcos normativos, especificaciones técnicas y condiciones de mercado. Esta situación, advirtió, puede generar diferencias de precios sin una justificación técnica suficiente y limitar la detección temprana de riesgos en el ejercicio del presupuesto.
Como respuesta, propuso establecer especificaciones técnicas homologables, estudios nacionales de mercado, bases de datos históricas, precios de referencia y un catálogo nacional de bienes, además de mecanismos para identificar y justificar variaciones significativas en los costos.
La finalidad, explicó, es promover una competencia efectiva entre proveedores y garantizar que las instituciones públicas obtengan las mejores condiciones disponibles en precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
El planteamiento contempla también una estrategia nacional de fiscalización electoral que articule al OIC del INE con los órganos de control de los OPLE, la ASF y las entidades superiores de fiscalización de los estados, dentro de sus respectivas atribuciones.
La coordinación permitiría homologar criterios de auditoría, identificar coincidencias en los programas anuales de fiscalización, realizar revisiones conjuntas y detectar irregularidades que pudieran repetirse en distintas entidades.
Con ello, el órgano de control busca fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas sobre las adquisiciones electorales, así como transparentar el destino de los recursos públicos y las condiciones en que se asignan los contratos.