Avalan en EU continuidad del muro fronterizo en zona protegida de Texas
- La Suprema Corte levantó el freno judicial a las obras impulsadas por Donald Trump en Big Bend; los opositores advierten riesgos para el río Bravo, los ecosistemas y propiedades privadas.
09 de noviembre del 2026.- La Suprema Corte de Estados Unidos dio luz verde al gobierno de Donald Trump para continuar los trabajos de ampliación del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas, al retirar la suspensión temporal que impedía avanzar con el proyecto mientras se resuelve la controversia legal.
La decisión del máximo tribunal revocó una orden emitida por una jueza federal, quien había detenido las obras al considerar que el secretario de Seguridad Nacional se excedió en sus atribuciones al autorizar excepciones a diversas disposiciones ambientales.
En su resolución, de cinco páginas, los magistrados sostuvieron que el Congreso manifestó su preferencia por acelerar la construcción de barreras y caminos de vigilancia en la frontera, incluso cuando ello implique aplicar excepciones a leyes de protección ambiental y conservación. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que votó contra la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia.
El plan contempla instalar bolardos de nueve metros de altura, habilitar más de 320 kilómetros de caminos para patrullaje y construir alrededor de 27 kilómetros de infraestructura para bloquear el paso de vehículos.
Las obras se proyectan en Big Bend, una extensa zona que comprende más de 800 kilómetros de la frontera con México y alberga espacios naturales como el Parque Nacional Big Bend y el Parque Estatal Big Bend Ranch, además de importantes tramos del río Bravo.
La administración Trump defendió la necesidad de la infraestructura al reportar que, entre 2021 y 2025, las autoridades detuvieron a más de 89 mil personas que intentaron cruzar irregularmente por ese sector.
Sin embargo, quienes promovieron la demanda señalaron que Big Bend registra el menor volumen de detenciones entre los siete sectores de la frontera sur estadounidense, con una participación de entre 0.3 y 2.2 por ciento del total anual, pese a concentrar más de una cuarta parte de la extensión fronteriza.
Una organización ambientalista, un guía de recorridos por el río y una agrupación religiosa recurrieron a los tribunales para frenar el proyecto. Argumentaron que la construcción dividirá hábitats naturales, restringirá el acceso público al río Bravo y pondrá en riesgo sitios históricos y terrenos particulares.
La jueza federal Kathleen Cardone había ordenado suspender los trabajos el mes pasado, al determinar que las excepciones legales utilizadas para dar paso a las obras fueron autorizadas por un funcionario que habría excedido sus facultades. Con el nuevo fallo, la construcción podrá continuar mientras sigue el litigio.