- El Departamento de Agricultura exige información confidencial; expertos advierten que la maniobra podría ser ilegal y afectar la operación del programa alimentario.
Washington, 03 de diciembre del 2025.— La administración del presidente Donald Trump intensificó este martes su pulso con los estados controlados por demócratas al anunciar que retendrá fondos administrativos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) si éstos no entregan datos personales de los beneficiarios, incluidos nombre y estatus migratorio.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, justificó la medida durante una reunión del gabinete al asegurar que la falta de cooperación estatal impide al gobierno federal combatir el fraude dentro del programa. Según la funcionaria, algunos estados que sí han proporcionado datos habrían evidenciado casos de beneficiarios fallecidos o duplicidades, aunque hasta ahora no se han difundido cifras detalladas que sustenten esas afirmaciones.
Choque legal y resistencia estatal
Veintidós estados y el Distrito de Columbia han interpuesto demandas para frenar la solicitud, alegando que el Departamento de Agricultura carece de autoridad para recabar información tan sensible y que cada entidad ya verifica de forma rigurosa la elegibilidad de los usuarios.
Un juez federal en San Francisco ha bloqueado temporalmente el requerimiento, mientras el gobierno federal insiste en que la retención de recursos sería exclusivamente sobre los fondos administrativos, no sobre los beneficios directos que reciben los hogares.
En una comunicación enviada la semana pasada, la dependencia dio a los estados plazo hasta el 8 de diciembre para cumplir. De no hacerlo, advirtió, enfrentarán una notificación formal sobre la suspensión de recursos.
No obstante, especialistas como David Super, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, sostienen que la ley no permite al gobierno federal recortar estos fondos y que la amenaza carece de sustento jurídico.
Un programa clave bajo presión política
SNAP, del que dependen 42 millones de estadounidenses, se ha visto cada vez más involucrado en la agenda política de la actual administración. Este año, la Casa Blanca impulsó la ampliación de requisitos laborales, incluso para personas de 55 a 64 años y población sin hogar, y durante el reciente cierre de gobierno consideró la posibilidad de dejar sin financiamiento los beneficios del mes de noviembre.
En paralelo, legisladoras como la representante demócrata Jahana Hayes han acusado al Ejecutivo de intentar reformar el programa sin supervisión del Congreso y de “distorsionar” la incidencia real del fraude. “Quienes solo buscan comprar alimentos no son quienes están manipulando el sistema”, dijo Hayes.
Mientras el Departamento de Agricultura afirma que 28 estados y Guam ya han cumplido con la entrega de información —la mayoría bajo gobiernos republicanos—, defensores del programa alertan que mantener la presión sobre los estados podría elevar los costos administrativos al punto de que algunas entidades opten por retirarse de SNAP.
La pugna, ahora en manos de los tribunales, amenaza con afectar la estabilidad de uno de los programas alimentarios más importantes del país y aviva un nuevo frente de confrontación entre la Casa Blanca y los gobiernos estatales demócratas.
